El principal sindicato de los funcionarios, CSIF, acaba de presentar una reclamación administrativa contra el propio Gobierno para que cumpla las exigencias de teletrabajo que el propio Pedro Sánchez prometió y siguen sin materializarse.
El Ministerio de Hacienda y de Función Pública tiene tres meses para presentar el decreto en el que se plasme todo lo prometido. Y CSIF avisa ya de que, de lo contrario, la polémica se elevará, más allá de la actual reclamación, hasta los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado ya una reclamación en vía administrativa contra el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, por inactividad, para que publique de una vez el Real Decreto que desarrolla el teletrabajo en la Administración General del Estado.
Tras esta reclamación formal, tal y como establece la Ley 50/1997 del Gobierno, el
Ejecutivo tiene tres meses para publicar el Decreto en el Boletín Oficial del Estado, de lo
contrario CSIF elevará la cuestión a los tribunales por la vía de lo contencioso
administrativo.
El Ministerio ha celebrado una reunión de la Mesa General para explicar a las
comunidades autónomas el contenido del acuerdo recientemente alcanzado con los
sindicatos de clase en materia salarial y de condiciones laborales, como el citado
teletrabajo. Desde CSIF, sin embargo, exigen "al Gobierno que deje la propaganda. Es conveniente recordar los motivos por los que CSIF se niega a suscribir el citado acuerdo".
El sindicato explica uno de esos motivos y señala que "en materia salarial, CSIF considera que las promesas se han visto mermadas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los dos sindicatos de clase (una subida a tres años del 6% fijo y 1,5% variable que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo porque no cubre siquiera la inflación prevista para este año por el Banco de España)". En este sentido, CSIF ha presentado enmiendas a los grupos parlamentarios para que los Presupuestos Generales del Estado vinculen las retribuciones a la tasa de variación interanual del IPC.
Otras cuestiones incluidas en el acuerdo eran la jornada de 35 horas (CSIF ha exigido
que se regule como normativa básica para su aplicación inmediata), el teletrabajo o las
medidas en materia de Igualdad. Y, según CSIF, "se trata de compromisos pendientes que el Gobierno ya firmó, que todavía no ha desarrollado y que tampoco tienen su concreción en los Presupuestos del Estado".
Por último, en materia de personal, CSIF exige suprimir la tasa de reposición en las
ofertas de empleo público para reforzar las plantillas en aquellos ámbitos donde sea
necesario. Y el sindicato recuerda que "se da la circunstancia de que las administraciones públicas han empezado a destruir empleo por primera vez desde el inicio de la pandemia.
Según los últimos datos de la Seguridad Social (número de afiliados en alta en Inventarios de Entes de Administraciones Públicas), en el último mes se han destruido 51.515 puestos de trabajo: en septiembre se registraba un total de 2.801.600 empleados públicos frente a los 2.853.115 de agosto.