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El "prohibido despedir" de Yolanda Díaz continuará en 2023: estas serán sus consecuencias

Para las compañías que reciben ayuda directa del Gobierno o que se encuentran en un ERTE el despido de sus trabajadores seguirá siendo algo vetado.

Para las compañías que reciben ayuda directa del Gobierno o que se encuentran en un ERTE el despido de sus trabajadores seguirá siendo algo vetado.
Europapress

Despedir en España es un tema cada vez más controvertido y que está creando una inseguridad jurídica entre las empresas. Todo comenzó en marzo de 2020 cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz incluyó en un decreto ley que las personas que estuvieran en un ERTE no podían ser despedidas. Después, llegó una oleada de litigios y de una apuesta del Gobierno por el prohibido despedir. Ahora, de cara al nuevo año el Ejecutivo seguirá con esta filosofía para evitar los despidos masivos que podrían darse debido a la situación económica.

Así las cosas, para las compañías que reciben ayuda directa del Gobierno o que se encuentran en un ERTE el despido de sus trabajadores seguirá siendo algo vetado. Y es que, en el nuevo texto aplicado por el Gobierno se especifica que no se puede señalar al alza de los costes energéticos como causa del despido. La falta de detalle hace que estos despidos tengan que ser declarados como improcedentes, lo que supone una mayor indemnización para los trabajadores y un mayor coste para los empresarios. Pero, en ningún caso se puede prohibir el despido, teniendo en cuenta lo que ha señalado en reiteradas ocasiones la Justicia.

De hecho, el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esto asegurando que "la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido". Una doctrina que se aplicaría para estos nuevos casos.

Estas medidas para frenar los despidos, incluidas dentro de los paquetes para luchar contra la inflación que ha ido aprobando el Gobierno, realmente lo que hacen es que los despidos tengan que ser improcedentes, aumentando los costes para los empresarios. Al tiempo que también generan una mayor inseguridad jurídica, al no saber cómo actuar.

Así las cosas, es más que probable que ahora se vuelva a repetir un escenario similar al 2020 con un aumento de la litigiosidad de las empresas con la normativa para poder acogerse a las leyes previas en materia de despidos.

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