Quienes hayan vivido esas fechas tan señaladas en la capital de Andalucía habrán observado que los pasos de la Semana Santa sevillana completan parte de su recorrido entre una nube de sillas cuidadosamente dispuestas en los alrededores de la catedral.
Estos palcos son organizados por las cofradías de la ciudad y configuran un espacio conocido como la carrera oficial. La larga duración de las procesiones, sumada a las altas horas de la noche a las que tienen lugar algunos de los desfiles, aconsejan esta disposición. Sin embargo, Hacienda ha intervenido también en esta cuestión y lleva años exigiendo a las hermandades el pago de IVA por el alquiler de dichos asientos.
La intervención del fisco generó un enorme malestar entre los fieles y devotos de la ciudad hispalense y las cofradías afectadas recurrieron la exigencia formulada por Hacienda, desatando un proceso que ha desembocado en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central. El fallo exime a los organizadores de cobrar el IVA por el alquiler de las sillas ubicadas en la llamada carrera oficial. Hacienda ha afirmado que no recurrirá el fallo y tendrá que devolver lo cobrado. Las cofradías han cantado victoria.
El TEAC considera que, si la contemplación de los pasos está reservada a aquellas personas que pagan por ello, entonces la venta de abonos de sillas y palcos debe quedar exenta de IVA.
Esta circunstancia no aplicaría en Málaga, donde el espacio en el que se ubica el palco no es el único desde el cual se pueden ver los desfiles a su paso por dicha zona de la ciudad, de modo que la contemplación de los desfiles no está reservada en exclusiva a quienes alquilan estos asientos, sino que puede realizarse también a pie de calle.
Según el Consejo de Cofradías, la venta de abonos de sillas y palcos supone 3,5 millones de euros. Sin embargo, esta facturación estaba siendo gravada por Hacienda con un tipo del 21%, que suponía alrededor de 750.000 euros de gastos tributarios cada año. A partir de ahora, las hermandades podrán embolsarse dicha cantidad o reducir los precios aplicados, que oscilan entre los 80 y los 1.000 euros, dependiendo de la localización.
En las últimas semanas, la Agencia Tributaria ha estado de plena actualidad debido al proceso que ha abierto contra la cantante Shakira, a quien ha sujeto a un seguimiento orwelliano. También ha generado mucho revuelo la victoria del piloto de motociclismo Jorge Lorenzo, a quien llegó a exigir 35 millones de euros en un par de procesos que se han saldado con victoria del tres veces campeón de Moto GP.