En los últimos tres años, los desahucios han aumentado en España un 40%. La causa principal ha sido el relajo de las medidas de protección a propietarios que viene practicando el Gobierno.
Una tónica que está amparada por decretos como el de grandes tenedores que funciona en la Comunidad de Valenciana y según el cual, los propietarios de varias viviendas tienen obligación legal de comunicar a la Generalidad cuántos de esos inmuebles están vacíos.
Pura Peris, Directora de Emergencia Habitacional de la Comunidad Valenciana ha explicado en esRadio que a partir de ese momento "esas viviendas quedan deshabitadas y, o se ponen en movimiento, o el propietario se enfrenta a una sanción"
El BOE para sortear la protección de datos
Su departamento acaba de crear en la Comunidad una nueva estrategia anti desahucios que pasa por un departamento nuevo que se encarga de "bucear en el BOE para mirar las subastas que se publican y enterarnos a través de Ayuntamientos y servicios sociales quién es el propietario de ese inmueble y en qué circunstancias están esas personas"
Han tenido que recurrir a esta estrategia porque los fondos y propietarios se han negado de forma sistemática a incumplir la protección de datos aportando la información personal de esas personas que le requería la Generalidad.
Desde la Consejería alegan que lo hacen para "anticiparse y ofrecer asistencia legal gratuita a aquellas personas que estén a punto de ser desahuciadas". Sin embargo, la letrada Arantxa Goenaga, de Círculo Legal, recuerda "que ya existen abogados de oficio que se ocupan gratuitamente de este tipo de causas"
"Si lo vas a sacar al mercado, te lo voy a comprar"
Por eso cobra más relevancia la segunda parte de ejecución de este departamento que explica la Directora de Emergencias: "Negociamos con los fondos y, si no ceden, utilizamos nuestros mecanismos como la compra directa de la vivienda. Les decimos: Si lo vas a sacar al mercado, te lo voy a comprar"
De esta manera se reservan el "derecho de tanteo en las viviendas habitadas por personas protegidas, lo que permite la adquisición preferente por parte de la Consejería". Así, asegura Peris que se han llegado a hacer "con bloques enteros de pisos para mantener a estas familias"
Sin embargo, Abel Marín, abogado y socio en Marín y Mateo Asociados explica que "en una situación de dificultad temporal, casi nunca se acaba en subasta. La subasta sucede cuando hay un impago definitivo y no hay voluntad ninguna de buscar soluciones alternativas". En ese caso, apunta que "tanto la banca, como los fondos de inversión ofrecen soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es vender la vivienda y adquirir una que sí se pueda pagar"
Coincide con él, Goenaga, que pone el foco en cómo esto perjudica a "los pequeños propietarios que se están encontrando con que no les pagan los arrendatarios"
El concepto de propiedad
La Directora alega que "esos propietarios tienen recursos para una defensa legal". Es más, considera que no es okupación cuando hablamos de un inmueble que no es la vivienda habitual. A juicio de Pura Peris, "realmente no hay nadie que le puedan ocupar su vivienda, le ocuparán otra vivienda que no sea la suya. El propietario que le ocupan su vivienda no puede ser porque entonces sería un allanamiento de morada, que es un delito, claramente. Cuando se ocupa una vivienda es un inmueble que está vacío o está desocupado"
Abel Marín alerta de que "esto vulnera la Ley y rompe la seguridad jurídica porque hace que huyan los capitales de España. Diariamente necesitamos esos capitales extranjeros para comprar deuda española y este tipo de políticas son bastante peligrosas porque lo que hacen, sin que nadie lo pida, es incentivar la acción de un deudor para que su acreedor no cobre su crédito"
Robin Hood también vulneraba la Ley
Él ve en todo esto "una estrategia de Robin Hood" que "va sólo contra el acreedor porque es grande y es malo, cuando la realidad es que los fondos de inversión se nutren de los ahorros de pequeños ahorradores como cualquiera de nosotros"
Por eso considera que es actuaciones "por parte de la Administración, rompen la seguridad jurídica del inversor para enviar un mensaje fácilmente comprable por la sociedad: Nos Ponemos a favor del pobre ciudadano y en contra del malvado inversos o fondo buitre; que ya ese nombre va calificando que el que invierte es malo".