El desembolso de miles de millones de los fondos europeos Next Generation lleva aparejado un programa de reformas que ha sido comunicado por Moncloa a las autoridades comunitarias para su seguimiento progresivo. A lo largo de los últimos meses, el despliegue de los cambios anunciados por el Ejecutivo sigue dejando mucho que desear, tal y como pone de manifiesto el último informe del think tank Fedea.
El documento, firmado por uno de los economistas más respetados de nuestro país, Ángel de la Fuente, arranca evaluando la reforma de las pensiones que está negociando el gobierno con los agentes sociales. Se plantea una ampliación del periodo de cómputo de la pensión para pasar de 25 a 30 años y también una subida de las bases máximas de cotización, que aumentaría un 35% en términos reales durante el periodo 2025-2050, frente a la subida del 3% que experimentaría la pensión percibida por quienes perciben la pensión más alta.
Fedea encuentra que "el impacto neto de estos cambios propuestos sería escaso" y alerta de que el ajuste en las cuentas de la Seguridad Social llegado el año 2050 sería de apenas el 0,45% del PIB, puesto que la primera medida estrella presentada por el ministerio de Seguridad Social generaría un ahorro del 0,3% del PIB y la segunda enjuagaría las cuentas en un 0,15% del PIB.
Como explica Ángel de la Fuente, "la suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones" que ha puesto en marcha el Ejecutivo. El propio ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá calcula que el gasto adicional generado por tales medidas será de en torno al 3,5% del PIB.
Por lo tanto, si contemplamos el impacto agregado de todas las medidas, recogiendo tanto la subida del gasto que ya se ha aprobado como las medidas de ahorro que se están negociando, encontramos que el plan de Escrivá genera casi 8 puntos de aumento del gasto en pensiones previsto para 2050 por cada 1 punto de ahorro en los desembolsos de la Seguridad Social.
El informe advierte, además, que la subida de las bases máximas de cotización, comúnmente conocida como el "destope" de dichos pagos, "supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante". Fedea considera que "las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales y no dan derecho a más pensión son, en la práctica, un impuesto puro, una exacción monetaria sin contrapartida alguna que tiene, además, una estructura poco equitativa y gravosa, por aplicarse con tipos de gravamen muy elevados, sobre una base limitada y arbitraria de las rentas intermedias del trabajo. Conviene, por tanto, eliminar este peculiar impuesto y, en caso de aplicar uno, generar un recargo de solidaridad en el IRPF".
Por último, el trabajo también evalúa cómo se están distribuyendo los fondos comunitarios asociados a la puesta en marcha de las reformas. En total, "los datos y estimaciones disponibles apuntan que las adjudicaciones están siendo de entre 0,6 y 0,8 puntos del PIB por año, lo que supone un ritmo en torno a un 30% o 40% por debajo de lo esperado. En retrospectiva, parece claro que se ha sobrevalorado la capacidad de absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados".