La bomba de relojería de las pensiones está a punto de estallarle en las manos a José Luis Escrivá. El ministro de Seguridad Social prometió tener lista a final de año su gran reforma del sistema, y aunque ya se han concretado algunas de las medidas más importantes, el plan completo todavía no ha trascendido. El objetivo de la reforma del Gobierno no es otro que garantizar la sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas. Un propósito difícil de conseguir.
Entre los planes del ministro socialista se encuentra el destope gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social elevando en casi un 35% este impuesto al trabajo en términos reales entre 2025 y 2050. Ayer lunes, Fedea publicaba un informe muy crítico con esta propuesta de Escrivá. "Es cuestionable porque supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social" consideró el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.
Las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que darían derecho a la prestación máxima) son, en la práctica, "un impuesto puro (una exacción monetaria sin contrapartida alguna) que tiene, además, una estructura poco equitativa y muy distorsionante por aplicar tipos de gravamen muy elevados sobre una base limitada y arbitraria" añadía De la Fuente.
En Fedea abogan por eliminar este impuesto y sustituirlo por "un recargo de solidaridad sobre la cuota del IRPF" que al menos ayude "a hacer visibles para los contribuyentes los costes complementarios de la protección social, que quedan un tanto escondidos cuando se financian con transferencias entre administraciones". Según Fedea, esta modalidad "aseguraría un reparto progresivo de los costes no puramente contributivos del sistema de pensiones, pero dificultaría la solución populista de barra libre y que paguen los ricos al problema de las pensiones y ayudaría a que los contribuyentes percibieran los costes reales de tales programas, contribuyendo por ambas vías a facilitar un cierto control de una partida de gasto de dinámica endiablada y tan gran magnitud que amenaza con dejarnos sin margen fiscal para casi cualquier otra cosa".
Los fallos del destope
Bien es cierto que el destope de las bases máximas no afectará a todas las empresas por igual: repercutirá más en las compañías que mejor pagan y en los trabajadores mejor formados. Como ya alertó Domingo Soriano en Libre Mercado, el plan de Escrivá va a disparar sobre todo los costes laborales en las empresas españolas más grandes, que son las que pagan los salarios más elevados. Por tanto, contratar empleados de alta cualificación será más caro para el empresario a partir de su puesta en marcha.
Además, otro de los fallos de esta medida es que el premio por pagar impuestos cuando llegue el momento de la jubilación de ese trabajador que cotiza por la máxima es cada vez menor. Así, Fedea recuerda que la subida de las bases máximas irá acompañada de una revisión muy inferior de la cuantía de las pensiones máximas. "En un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro (aunque cada vez en menor medida), las cotizaciones sociales no han de verse como un impuesto sino como un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión. Esto, sin embargo, deja de ser el caso en el momento en el que un aumento de la base de cotización no se traduce ya en una mayor pensión por haberse alcanzado el tope máximo de esta última" apuntan.
En concreto, Escrivá se ha propuesto que la base máxima de cotización aumente en términos reales (tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,154%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%, la friolera de 10 veces menos. Esto supondría en 2050 un incremento acumulado del (1,15426 – 1) = 34,76% para la base máxima de cotización y del 3,03% para la pensión máxima, señalan en Fedea.
"Por más que se trate de un colectivo con salarios relativamente elevados, concentrar el grueso del esfuerzo fiscal adicional sobre ellos no parece lo más equitativo. A esto hay que añadir los posibles desincentivos generados por una medida que situaría los tipos marginales de gravamen efectivo (sobre los costes salariales totales) claramente por encima del 50% para salarios brutos de entre 45.000 y 70.000 euros (entre 60.000 y 95.000 euros en términos de coste empresa), un intervalo de rentas que corresponde a trabajadores altamente cualificados que juegan un papel importante para el crecimiento de la productividad" añade el informe de Fedea.
En este sentido, Javier Jové ha recordado en este periódico que el rejonazo que está urdiendo Escrivá ahora es un proceso que llevan aplicando los diferentes gobiernos desde hace muchos años, "aunque de una manera más sibilina y silenciosa". Así, en los últimos diez años la base de cotización máxima ha pasado de los 3.262 euros al mes en 2012 a 4.139 en 2022, un incremento del 27%. Por el contrario, la pensión máxima se ha elevado en el mismo periodo tan solo un 11%. Por tanto, la subida de la base máxima de cotización ha sido casi tres veces superior a la de la pensión máxima.
Las otras estocadas de Escrivá al contribuyente
Para 2023 el escarnio continúa. El Gobierno ha decidido endurecer todavía más las condiciones de contratación en España elevando las bases máximas de cotización un 8,6%. Este incremento va a suponer, por ejemplo, que la base máxima de cotización del Régimen General, el más numeroso del sistema de la Seguridad Social, pase de los 4.139 euros al mes antes mencionados a los 4.495,4 euros.
Además, en 2023 también entra en vigor la subida de 0,6% sobre todas las nóminas que ha aprobado el Gobierno a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La excusa de la creación del MEI es la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta).
Y en los últimos días también ha salido a la luz que Escrivá quiere ampliar el período de cálculo de las pensiones desde los 25 actuales a los 30 años, lo que implicaría un duro recorte a los trabajadores que pasen a jubilarse (no a los ya jubilados) porque en los primeros años de la carrera profesional lo normal es ganar menos salario. Esta otra estocada podría alcanzar los 800 euros al año por jubilado.
