La llamada inquiokupación -aquella ejercida por inquilinos que dejan de pagar- no conoce de edad ni clase social, pero es especialmente sangrante cuando a quienes afecta es a personas mayores que necesitan ese dinero para pagar su residencia o su propio hogar. Ese es precisamente el caso de Primi y Asun, dos jubilados de Noáin (Navarra) que llevan tres años sin recibir ni un solo euro por parte de la familia a la que decidieron alquilar su segunda vivienda para poder hacer frente a su hipoteca.
Lo más grave de todo este asunto, sin embargo, ni siquiera son los 20.000 euros de deuda, sino el acoso al que son sometidos tras haber llevado el caso a los tribunales. "Les han tirado petardos, botellas con pintura negra y hasta una muñeca con la cabeza cortada", lamenta su hija. Harta de que nadie haga nada para acabar con este infierno, Amaia ha decidido mover cielo y tierra para concienciar a sus vecinos y al resto de españoles: "Esto es una injusticia. Es terrible. Y de verdad que mis padres están sufriendo mucho, porque son mayores, tienen 70 y 75 años, y esto les está pasando factura incluso a su salud".
Okupas con el beneplácito de Sánchez
La pesadilla de Primi y Asun empezó a principios de 2020, antes de que llegase la pandemia de la que luego se acabarían beneficiando sus okupas. La familia a la que le habían confiado su casa siempre se había retrasado con el alquiler, pero entonces dejó de pagar, así que su hija decidió ponerlo en manos de un abogado. "Al principio, incluso se les ofreció que, si se iban voluntariamente, se les perdonaba la deuda, pero nada. Y así hasta hoy", lamenta Amaia.
En enero de 2021, el juez fijó una fecha para su desahucio. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los okupas -que tienes dos hijas menores de edad- se aferraron a su supuesta vulnerabilidad: "Ahí ya había entrado en vigor el escudo social de Sánchez que impedía desahuciar a personas vulnerables durante la pandemia, así que se suspendió el lanzamiento y ahí siguen tres años después". Aun así, Amaia niega la mayor. "Yo sé que él sí trabaja y de verdad que me cuesta creer que sean vulnerables. Además, que el alquiler está por debajo del precio de la zona", insiste.
La campaña de acoso
Tras las concentraciones y muestras de apoyo recibidas en los últimos días, parece que por fin los Servicios Sociales han emitido un informe en el que niegan su vulnerabilidad. Sin embargo, por ahora los okupas siguen en la casa, en cuyo balcón han llegado a colgar una bandera pirata. Y lo peor es que ya no se esconden. Hasta ahora, no podían demostrar que los que les acosaban eran ellos, pero hace unas semanas empezaron a tirarles petardos delante de otros vecinos. "Lo hemos denunciado, porque tenemos testigos y algún petardo incluso lo han tirado en la cara de mi hijo", asegura Amaia entre la rabia y la desesperación.
La campaña de acoso empezó apenas unos días antes de la fecha fijada para aquel desahucio que finalmente fue suspendido: "Lanzaron una botella con pintura negra al interior de la casa de mis padres que les manchó toda la entrada, las escaleras, la pared… Todo. Y obviamente lo sentimos como una advertencia, una forma de intimidarnos. No podemos asegurar que aquello lo hicieran ellos, pero después de todo lo que nos ha pasado…". Porque, además, ése no fue el único episodio. "Nos han llegado a lanzar hasta una muñeca con la cabeza cortada", denuncia Amaia, que asegura que sus padres estaban tan aterrados que incluso se vieron obligados a poner cámaras de seguridad.
La responsabilidad del Gobierno
A todo ello, se suman los insultos, los gritos y los malos gestos cada vez que se cruzan, porque ya no es que estemos hablando de un pueblo pequeño -de unos 8.000 habitantes-, sino que Primi y Asun viven a apenas 100 metros de distancia de sus okupas. "Y es que ya no podemos más, y de verdad que no voy a parar hasta que alguien haga algo, porque a las personas que necesitan trabajar, hay que ayudarles, pero a las personas jetas que lo único que quieren es vivir a costa de los demás, no -insiste Amaia-. Eso no lo vamos a soportar. No tenemos por qué soportarlo, porque nosotros no somos un escudo social. Y quien diga que esta familia es vulnerable, pues que se haga cargo de ella, pero esa responsabilidad no la tenemos que asumir nosotros".
Con todo, la hija de Primi y Asun confía en que todo este ruido que está haciendo junto a la Plataforma de Afectados por la Ocupación sirva para acabar con la pesadilla que viven sus padres. Sin embargo, llama a reflexionar sobre todo lo que ya no van a recuperar. "Es muy triste que tengamos que llegar a este extremo para que nos hagan caso, pero es que además… ¿Qué pasa con todo este tiempo que nos han robado? ¿Cómo recuperamos la salud que mis padres se han dejado por el camino? ¿Quién nos lo devuelve?".
Y, en este sentido, Amaia apunta directamente al Ejecutivo: "Que llevemos así tres años es increíble. Es una barbaridad y una tomadura de pelo, pero también por parte del Gobierno". Así, la hija de Primi y Asun hace hincapié tanto en la cantidad de gastos que los propietarios que son víctimas de la inquiokupación se ven obligados a asumir -desde el IBI al seguro del hogar- hasta la desprotección a la que les condenan. "¿No presume Sánchez de dirigir un Gobierno que protege a las mujeres? ¿Dónde está cuando nos atacan a mi madre y a mí o cuando tiran petardos a mi propio hijo, que también es vulnerable?".