Los agricultores no dan crédito ante las contradictorias exigencias que llegan desde el Gobierno de Pedro Sánchez para poder acceder a los fondos de la PAC. Con el supuestos objetivo de ser más ecológicos, el ejecutivo pretende que los trabajadores del campo distribuyan los rastrojos por sus tierras ocupando una superficie calculada prácticamente al milímetro. Esto les obligará a usar varias máquinas o a dar más vueltas para cubrir toda la superficie. Es decir, más gasto de combustible, lo que resulta del todo absurdo teniendo en cuenta la finalidad "ecologista" de la medida.
Una de las principales novedades de la PAC 2023-27 son los eco-regímenes o ecoesquemas: nueve prácticas "medioambientalmente sostenibles" a los que los agricultores pueden adherirse voluntariamente y por las cuales recibirán ayudas económicas de entre 40,96 y 165,17€ por hectárea. Uno de esos nueve eco regímenes es el denominado "cubierta inerte" y se ha convertido en la nueva pesadilla de los trabajadores del campo en suelos leñosos (olivos, viñedos, frutales, cítricos...) porque regula cómo se deben distribuir los restos de poda que deben quedar en el suelo y durante cuánto tiempo, todo ello al más puro estilo de la señorita Rottenmeier del campo.
Según explica Asaja Córdoba, en el caso de acogerse al eco-régimen de cubiertas inertes, se deberá cumplir lo siguiente: habrá que triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. Esa cubierta inerte deberá tener una superficie mínima de al menos el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa, no pudiendo ser esa anchura inferior a 0,5 metros. Tampoco se podrán utilizar fitosanitarios ni herbicidas para la cubierta (salvo contadas excepciones).
"Más maquinaria y más combustible"
Ante ello, Ignacio Fernández de Mesa, secretario general de Asaja Córdoba explica que se trata de una medida que persigue un objetivo y consigue el contrario. "Supuestamente buscan la reducción de los gases de efecto invernadero y conseguir un aumento del carbono orgánico en el suelo dejando los restos de poda de los árboles en las calles", señala.
"El problema es que la anchura de los olivos en España es muy diferente, las calles también tienen diferentes anchos en cada cultivo y las máquinas que trituran los restos vegetales y los distribuyen por el suelo tienen un corte pequeño. Si se obliga a que los restos de poda ocupen el 40% de la anchura de la calle, eso supondrá que la máquina tendrá que dar dos o más pasadas por cada calle. Son más vueltas con las máquinas y, en definitiva, más gasto de gasoil", denuncia.
Establecer por sistema que los restos de la poda ocupen el 40% de la anchura de la calle de copa a copa, "no es algo que pueda ajustarse en cada parcela", teniendo en cuenta, además, que las picadoras-trituradoras de restos de poda tienen una anchura de trabajo definidas por los fabricantes que no se adapta a esa proporción que se exige y "no se puede decidir libremente la anchura con la que quedan esparcidos los restos en el suelo".
Por tanto, para adaptarse a este eco régimen, el agricultor tendría que usar más maquinaria o realizar varias vueltas para esparcir aún más los restos de poda "de forma innecesaria, porque con porcentajes inferiores es suficiente. Pero el ansia por establecer objetivos ecológicos más ambiciosos que el resto de Europa lo que produce es el efecto contrario, utilizar más maquinaria y, de este modo, más combustible chocando así con los beneficios medioambientales que persigue la norma a pesar de que la práctica ya alcanza los beneficios de reducción de gases de efecto invernadero y aumento del carbono orgánico del suelo", señala.