El ala socialista del Gobierno de Sánchez ha estado toda la semana pasada intentándose desmarcar de los insultos que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, profirió contra Juan Roig y Mercadona.
Sin aportar un sólo dato que respaldara sus afirmaciones, la líder de la formación morada consideró "indecente" que los grandes supermercados "se estén haciendo de oro" con la inflación. "Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies" añadió en unas declaraciones que han copado buena parte de las portadas de la prensa de los últimos días y han llenado muchísimos minutos en los telediarios.
Esta no es la primera vez que desde el bastión de Podemos en el Gobierno ponen a los supermercados en la diana. Los morados llevan meses pidiendo la intervención del sector y hasta la aprobación de un impuesto extraordinario con la excusa de la escalada vertiginosa del precio de los alimentos. Cabe recordar que fue Yolanda Díaz (con Alberto Garzón de apoyo) la ideóloga de la creación de una cesta de productos básicos con precios fijados que las grandes cadenas deberían aprobar.
Sin embargo, exceptuando a Carrefour, que se apresuró a reunirse con Yolanda Díaz y a lanzar una cesta de la compra muy criticada de 30 productos a 30 euros (sin leche ni huevos, pero con té frío y chocolate), el resto de los supermercados se negaron a acatar las órdenes de la ministra de Trabajo.
Pero aunque en Podemos hayan recrudecido su particular guerra al supermercado con ataques y ocurrencias que ni se han puesto en práctica ni aparentemente han estado avaladas por el PSOE, desde el Consejo de Ministros sí se han tomado medidas que perjudican considerablemente al sector promovidas por los socialistas.
El caótico Impuesto al Plástico
La más reciente es el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, que ha entrado en vigor el 1 de enero y su implantación está trayendo de cabeza a los asesores fiscales. El Gobierno lleva intentando gravar los plásticos desde los Presupuestos de 2021, aunque no fue hasta el pasado mes de abril cuando introdujo este tributo en la "Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular". Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha escudado en la Directiva Europea y en la llamada "fiscalidad verde" para su implantación.
Sin embargo, en plena crisis inflacionista, un impuesto que afecta directamente al sector alimentario y de bebidas, al farmacéutico, al cosmético etc, y por ende, al consumidor final, no podría resultar más inoportuno. El Gobierno quiere recaudar otros 491 millones con su puesta en marcha y desde Asedas (la patronal que aglutina a cadenas como Mercadona o Lidl) calculan que el impacto directo entre sus asociados será de unos 30 millones de euros al año. Sin embargo, "existe un coste no calculado todavía y de muy difícil cuantía: el coste administrativo y burocrático de llevar a cabo las obligaciones de un impuesto que implica casuísticas tan diferentes y tantos agentes" añaden.
Y es que, entre los problemas detectados por las cadenas de distribución en la arquitectura/diseño del impuesto está que "al estar gravadas las importaciones y la adquisición intracomunitaria nos encontramos con el desconocimiento de los proveedores comunitarios ya que este impuesto sólo existe en España –Italia lo ha retrasado al menos un año-. Además, insistimos que la arquitectura del impuesto obliga a incluir la cantidad de plástico virgen y de plástico reciclado en la lista de características de los envases, un requisito que hasta ahora no se solicitaba en las transacciones económicas entre operadores". Es decir, obliga a los fabricantes de los envases de plástico extranjeros a adaptarse a la norma española.
En el caso de las devoluciones, surge otro problema. "Si el producto finalmente se va a exportar, el operador económico puede y debe desgravarse el impuesto –o sino sus productos serán menos competitivos en el país donde se van a comercializar- sin embargo, el procedimiento para esa devolución no es nada claro y a día de hoy las empresas no saben cómo lo van a poder llevar a cabo" explica la patronal. Hay muchos supermercados, como Lidl, que exporta productos nacionales a sus tiendas en el extranjero.
Por todo ello, la patronal avisa de que el tributo acabará repercutiendo en el precio final de los productos. "Todas las obligaciones a las que se ven sometidos los distribuidores –tanto directas como indirectas- significan que las empresas están teniendo que desarrollar programas administrativos/informáticos sólo para este impuesto. Esto se debe al diseño del impuesto, si hubiese sido a la fabricación del plástico la complejidad hubiese sido mucho menor a pesar de que se tendría que repercutir igual a los eslabones de la cadena hasta el consumidor final" advierten.
Obligaciones de vender a granel
Además, dentro del Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, el Gobierno ha incluido otras medidas que van a afectar de lleno a los comercios de alimentación y a su política comercial.
Se trata de obligar a los super a presentar sin envase las frutas y verduras por debajo de 1,5 kg de peso. La entrada en vigor de esta obligación tiene un periodo de adaptación, aunque las empresas ya se están preparando para su aplicación. Habrá algunas excepciones, que el Gobierno todavía está determinando en el caso de frutas pequeñas y frágiles o verduras que duran menos al estar en contacto con el medio ambiente. También, el Gobierno pretende imponer a las tiendas con una superficie de más de 400 metros cuadrados que acoten un área de ventas destinado al granel o con envases reutilizables.
Con la excusa del ahorro de plástico, la norma del Gobierno también quiere que los clientes de los supermercados acudan a las tiendas con sus envases de casa poniendo en riesgo la propia higiene alimentaria.
"La norma habla de recipientes debidamente higienizados, por lo que el establecimiento podrá establecer sus propias condiciones higiénicas y rechazar aquellos recipientes que considere que no cumplen las suficientes condiciones de higiene" señala Asedas. Eso sí, "el consumidor pasa a ser responsable de los riesgos sanitarios en caso de que utilice un recipiente propio. (Esto es muy importante, se elimina la responsabilidad del agente económico en dicho supuesto)". Hasta el momento, "la incidencia es escasa en los clientes. Son pocos los que acuden con el tupper a hacer la compra" aseguran a Libre Mercado.