La inflación sigue aumentando con fuerza. Mientras el gobierno insiste en trasladar mensajes triunfalistas a la opinión pública, la inflación subyacente se dispara al 7,5% y el IPC general sigue aumentando a tasas cercanas al 6%. Ante semejante panorama, ¿qué soluciones podrían ponerse en marcha y contribuir a suavizar las presiones inflacionistas?
Además de la contención del déficit público o la rebaja de impuestos, una de las soluciones que podrían explorarse por el lado de la oferta tiene que ver con la reducción de trabas y cargas regulatorias. En este sentido, conviene recordar que España es el segundo país de la Unión Europea que más trabas impone a supermercados, comercios y otros negocios de venta minorista.
Los informes de la Comisión Europea que así lo muestran toman en consideración dos grandes variables. La primera tiene que ver con la apertura de los negocios y mide el tratamiento que reciben las empresas obedeciendo al tamaño de los establecimientos, la ubicación de los comercios, los requisitos de presentación de datos e información mercantil, la minuciosidad de la planificación urbanística, el número de permisos y licencias requeridas, las distintas instancias del sector público con las que es preciso dialogar, el número de informes de impacto vinculados a la apertura, los tiempos de duración de los procedimientos y las dinámicas referidas a la resolución de los expedientes.
Cuando analizamos todas estas cuestiones, España aparece en la zona media-baja de la tabla, lejos de las posiciones de referencia. En una escala de 0 a 5, donde 0 es la mejor nota posible y 5 es la más desfavorable, España obtiene un resultado de 3,5. En cambio, nuestro nivel de trabas a la apertura de negocios y establecimientos empresariales está muy lejos de las calificaciones que alcanzan otras economías europeas: Portugal y Francia están por debajo de los 2 puntos, Croacia y Grecia se sitúan en torno a 1,5 puntos, Eslovaquia y Estonia rozan el umbral de 1 punto…
Así lo vemos en el siguiente gráfico:
Como es lógico, cuando abrir un local es difícil, la empresa inicia su operativa con "números rojos" que luego se irán trasladando en márgenes más estrechos, lo que se traduce en menos competitividad y, en última instancia, redunda en precios más altos, amén de otras pérdidas de eficiencia económica que afectan a la inversión o la creación de empleo.
Pero, si ya es grave que la apertura de nuevos locales y establecimientos resulte tan costosa en términos de cumplimientos normativos y burocráticos, peor aún es el desempeño de nuestro país si nos fijamos en el entorno regulatorio bajo el que operan las empresas cuando ya han echado a andar y están intentando salir adelante.
Así, de acuerdo con la Comisión Europea, España es el segundo país con más restricciones al funcionamiento cotidiano de los comercios. En esta categoría entran las trabas referidas a los horarios de apertura, los canales de distribución, la posibilidad de ofrecer rebajas y ventas promocionales, el pago de impuestos específicos asociados al sector y las restricciones normativas que inciden en la oferta de proveedores.
El siguiente gráfico muestra los resultados:
A esto hay que sumarle la incidencia de las multas y sanciones que aplican las Administraciones Públicas a los supermercados, comercios y demás puntos de venta minorista repartidos por nuestra geografía. Y es que el recurso a este tipo de penalizaciones es también mucho más frecuente y duro en España que en el resto de Europa.
En este sentido, Comisión Europea ha elaborado un sondeo en el que se puede ver que el 45% de las empresas medianas y el 23% de las de pequeño tamaño afirman haber sufrido alguna multa de este tipo. No solo eso: la cuantía exigida es entre cinco y seis veces mayor que el promedio europeo. En total, las cargas administrativas, regulatorias y burocráticas suponen un golpe anual de más de 2.734 millones a los negocios de nuestro país, la segunda cifra más alta de la UE, solo por detrás de Italia.
Así las cosas, si poner en marcha un supermercado, un comercio o cualquier establecimiento de venta minorista supone un verdadero infierno burocrático y si la operativa cotidiana del negocio es aún más compleja desde el punto de vista de la presión regulatoria, ¿de verdad vamos a sorprendernos de que los precios finales abonados por los consumidores hayan experimentado un aumento, máxime en un contexto en el que todas las políticas del gobierno avanzan en la línea opuesta, generando inflación a través de un gasto desbocado y todo tipo de rigideces económicas?