Los supermercados españoles han sufrido la imposición de 32 nuevas cargas tributarias y normativas a lo largo del pasado año 2022. La mayoría de estas obligaciones adicionales (unas 25) provienen del Ejecutivo central. Y es que, mientras la Administración Sánchez, insiste en que los distribuidores deberían hacer más para reducir los precios, al mismo tiempo se asegura de elevar los costes que enfrentan estas empresas a golpe de aumentos fiscales y nuevas exigencias regulatorias.
El listado elaborado por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED) ha recopilado las 25 medidas directamente imputables al gobierno de PSOE y Podemos que encabeza Pedro Sánchez. Son las siguientes:
- Aumentos de las cotizaciones sociales que pagan las empresas.
- Limitación a los pagos en efectivo: 1.000 euros.
- Incremento del IVA de las bebidas azucaradas, que se unen al Impuesto de Bebidas Azucaradas que ya existía en Cataluña.
- Nuevo impuesto a los envases de plástico de un solo uso.
- Requisito de precio diferenciado en el ticket de determinados envases de plástico de un solo uso.
- Endurecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración: modificación del gravamen de gases fluorados, que no se aplica en la mayor parte de la UE.
- Refuerzo de los objetivos de reducción de consumo de determinados envases de un solo uso, y falta de claridad sobre qué productos están afectados.
- Carácter sancionador, en lugar de incentivador, de la ley del desperdicio de alimentos.
- Reserva obligatoria del 20% del espacio comercial para alimentación a granel o en envases reutilizables, a partir de 2023 para tiendas de más de 400 m2.
- Obligación de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los parking de los establecimientos. Adelanta en dos años los plazos que marca la Directiva Europea e impone un tiempo de aplicación, un requerimiento técnico y un coste financiero muy difícil de asumir.
- Introducción de un SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno de envases) obligatorio.
- Objetivos y medidas de reutilización de envases inéditos en Europa, desbordando los objetivos marcados en las Directivas comunitarias.
- Objetivos y medidas de prevención del uso de envases que van más allá de las Directivas europeas (por ejemplo, la prohibición de vender frutas y hortalizas enteras a granel).
- Obligación de inscripción en la sección de envases del registro de productores de productos.
- Nueva obligación para los distribuidores de tener que informar a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de todos los productos que comercializan, lo que iría más allá de lo establecido en las Directivas europeas y del concepto de productor.
- Nuevos requisitos referentes a los costes de la responsabilidad ampliada del productor.
- Requisitos de etiquetado desarmonizados con la UE.
- Prohibición para el transportista de descarga de mercancías de más de 7,5 toneladas.
- Nuevos requisitos de información al consumidor (durabilidad, obsolescencia, reparación...) de difícil aplicación técnica en muchos casos.
- Garantía legal de los productos de 3 años, desde enero de 2022, superando a la mayoría de los países de la UE.
- Nuevas exigencias de uso obligatorio de lenguas cooficiales en etiquetados e información de productos que fragmentan el mercado para empresas globales y cadenas de valor.
- Nueva normativa de atención al cliente.
- Ley de Cadena Alimentaria: restricciones a la capacidad de negociación de grandes empresas de distribución frente a grandes empresas de la industria; restricción a las promociones de venta; fragmentación del mercado en los regímenes de control e inseguridad jurídica en aspectos como la definición del coste efectivo de producción o prohibición de la venta a pérdida, que contraviene el derecho europeo.
- Ampliación de los requisitos de responsabilidad ampliada del productor para textiles, muebles y enseres.
- Plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
A estas decisiones tan gravosas hay que sumarle no menos de siete medidas impulsadas y anunciadas a nivel autonómico y local que también están traduciéndose en costes crecientes para las empresas del ramo, propiciando al mismo tiempo una mayor fragmentación del mercado interior. Son las siguientes:
- Adaptaciones desarmonizadas de normativas de residuos, plásticos y envases.
- Adaptación desarmonizada de normativas de protección al consumidor.
- Planes de nuevos impuestos sobre grandes establecimientos comerciales.
- Planes de nuevos impuestos al e-commerce.
- Restricciones a la movilidad urbana y zonas de bajas emisiones con fuerte afección para la operativa logística de las tiendas y exigencia de fuertes inversiones para sustituir las flotas de transporte.
- Requisitos desarmonizados en las distintas comunidades autónomas y alta carga administrativa para la comercialización de productos ecológicos.
- Requisitos de instalación de placas de energía solar fotovoltaica en algunas Comunidades Autónomas.
No hay que olvidar que estas imposiciones y regulaciones de nuevo cuño llegan tras un bienio (2020-2021) en el que las medidas sanitarias adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus se tradujeron asimismo en un fortísimo repunte de los costes normativos que enfrentan supermercados, comercios y demás puntos de venta minorista. Así, de acuerdo estimaciones elaboradas por la patronal CEOE, el coste normativo que enfrenta el comercio por motivo de las exigencias asociadas a la covid-19 puede resumirse en una imposición de requisitos y exigencias adicionales valoradas en 1.774 millones de euros. Esta es la consecuencia directa de la hiperregulación creada por más de 3.000 nuevas normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales.
ANGED lamenta que "sin entrar a valorar el fondo o la conveniencia de todas las medidas que se han venido aprobando en los últimos años, lo que no se puede negar es que no son neutras desde el punto de vista económico, puesto que añaden nuevos costes financieros y de transacción, resultando en un impacto muy importante sobre la operativa de las empresas. Esto hace mucho más difícil frenar la escalada general de precios, pese a lo cual el IPC que pagan los consumidores por los alimentos ronda el 10%, frente al 17% de aumento en el coste que asumen los supermercados para adquirir esos productos".
En consecuencia, el sector pide al gobierno "revisar en profundidad la regulación, evitar nuevos impuestos, preservar la unidad de mercado, tomar medidas tendentes a reducir los costes energéticos, permitir más flexibilidad a la operativa empresarial, incentivar la modernización productiva en vez de basar el proceso en multas y sanciones y rebajar el IRPF o el IVA para ayudar a amortiguar el golpe de la inflación sobre la renta de los hogares".