Cuando Leo y su marido compraron su piso allá por 2019, jamás se imaginaron el infierno que han vivido en los últimos tres años y medio. Como tantas otras parejas jóvenes, no tenían liquidez suficiente para hacer frente a la entrada de una vivienda, así que vieron en la oferta de una sucursal bancaria la única oportunidad de poder acceder a una casa en propiedad: 50.000 euros por un piso de tres habitaciones a 15 minutos en coche del centro de Sevilla, en una zona en la que normalmente los inmuebles costaban 30.000 euros más o incluso el doble si no había que reformar nada. La única pega era que la casa en cuestión, situada en Castilleja de la Cuesta, se vendía con okupas dentro, aunque, según Caja Rural, echarles era cuestión de un par de meses, ya que, tal y como reflejaban los documentos que les mostraron, el juez ya había fijado la fecha de lanzamiento.
Atraídos por la ganga y los cantos de sirena, la pareja firmó la compraventa. Al no poder concederles una hipoteca hasta que los okupas se fueran, el banco les ofreció un préstamo personal de manera momentánea. El problema es que los 280 euros al mes que debían pagar se convertirían durante un tiempo en 1.000 euros que tendrían que compaginar con el alquiler al que ya hacían frente por aquel entonces. "Nos dijeron que solo sería durante dos o tres meses, así que aceptamos, pero la realidad es que hemos estado así casi tres años y medio, así que la ganga nos ha terminado arruinando la vida", lamenta Leo.
Tres años y medio y una casa destrozada
A pesar de que todo parecía hecho, no ha sido hasta el pasado miércoles cuando una comitiva judicial ha procedido a echar a los okupas, una familia que, además, ha dejado el piso totalmente destrozado: "Está para reformar completamente: todo roto, paredes y suelos con agujeros, persianas inservibles, suciedad por todas partes… No te lo puedes imaginar —insiste mientras nos muestra las fotos del desastre—. Ni siquiera se puede estar dentro de la humedad y la peste que hay. Es horroroso". Las imágenes nos ayudan a hacernos una idea: enchufes, frigorífico y rodapiés totalmente ennegrecidos, campana oxidada, un baño destartalado, azulejos partidos, paredes desconchadas…
"No quiero pensar el dineral que nos vamos a tener que gastar ahora para dejarlo medianamente bien", apunta Leo que asegura que, en ningún caso, irán a vivir allí. "Lo arreglaremos y lo trataremos de alquilar a alguien de confianza, porque yo desde luego tengo pánico a meterme ahí con mi hija de año y medio", reconoce atemorizada por las amenazas que han recibido del entorno de los okupas que, tal y como se enteraron después, llevaban allí instalados nada menos que 12 años, tras arruinar la vida a la anterior propietaria, una madre soltera a la que no le quedó más remedio que entregar la casa al banco como dación en pago.
"Lo primero que he hecho es poner cámaras de seguridad y, lejos de dormir tranquila, estoy en un sinvivir", confiesa con la voz entrecortada. No en vano, desde que empezó su particular pesadilla ha caído en un pozo de ansiedad: "No duermo bien, me pica todo el cuerpo, se me cae el pelo a manojos, lloro a todas horas y, de lo irritada que estoy, pierdo la paciencia hasta con mi hija. Ni siquiera estoy pudiendo disfrutar de ella". Su calvario es el mismo que sufren día a día los cientos de víctimas de esta lacra integrados en la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la entidad que le ha brindado su apoyo desde el principio.
El chantaje y las excusas
Cuando en 2019 compraron la vivienda, el juicio ya había tenido lugar y la familia ni se había presentado ni había manifestado su oposición al desalojo. La fecha de lanzamiento estaba fijada para un par de meses después, así que ellos mismos fueron a visitar a los okupas para explicarles que la casa ya no era del banco, confiando en que se apiadarían de su situación y se irían por su propio pie lo antes posible. Sin embargo, no fue así: "4.000 euros ahora mismo y esta semana me meto en un piso de estos de inmobiliaria. Si no, hay que esperar", les llegaron a chantajear. Leo y su marido se resignaron entonces a que pasaran los dos meses que faltaban para el desalojo. Su sorpresa fue que, en el último minuto, los okupas decidieron presentar un recurso, alegando su supuesta vulnerabilidad".
"Él trabaja en una empresa de limpieza y ella recibe una ayuda de 1.000 euros por una minusvalía del 65%, al igual que sus dos hijas, así que ganan muchísimo más que nosotros", denuncia Leo. Hasta que la Justicia lo comprobase, no obstante, el proceso quedaba paralizado. "Imagínate tú, después de tres años y medio pagando dos préstamos personales, la cantidad de intereses que hemos pagado, más la comunidad, el IBI… Nos han arruinado literalmente", insiste esta sevillana, que reconoce que cada por tres no tiene más remedio que pedirle dinero a su madre.
El daño psicológico
Pero el daño económico ni siquiera es lo peor. "Se han llevado por delante nuestra salud. Me quedé embarazada y tuve que dejar de trabajar porque me puse malísima y casi me muero, porque este okupa incluso me llegó a denunciar porque decía que yo había metido a otro para que le robara -relata entre la rabia y la desesperación-. Así que pasé todo el embarazo en una cama, porque me dijeron que podía perder a mi hija. De hecho, se me adelantó el parto, porque yo tenía unos nervios que me comían, pero es que no tenía dinero ni para comprarle un carro a la niña".
De todo este calvario, Leo culpa a los okupas, pero también al banco, que, según dice, no ha hecho todo lo posible por ejecutar la sentencia hasta que le amenazaron con llevarle las cámaras de televisión a la puerta. "Y han sido unos días terribles, porque el otro día cuando les fueron a echar, tuve que soportar amenazas, gritos… Estoy tan cansada, que tengo los ojos abiertos y me lloran solos del agotamiento que tengo —resume entre lágrimas—. Mi pobre niña quiere jugar y yo solo quiero dormir".
Ahora, esta sevillana solo aspira a recuperarse lo antes posible –"porque psicológicamente me he quedado muy tocada"— y que le concedan una hipoteca "como a cualquier persona normal" para poder saldar sus préstamos personales. Ante la atención mediática recibida, aprovecha, eso sí, para mandar dos mensajes muy claros. El primero, a otras personas que estén desesperadas por tener una vivienda en propiedad: "Que ni se les ocurra comprar una casa okupada por muy barata que esté. Yo la compré porque no tenía dinero, pero no sabía que esto me iba a costar lágrimas de sangre. Si lo llego a saber, ese día me hubiera quedado en la cama". El segundo, al Gobierno: "Que cambien la legislación, porque nos hemos visto muy solos, desamparados y sin saber qué hacer ni a dónde ir, y de verdad que no le deseo a nadie lo que hemos vivido".