La retirada con carácter retroactivo de los incentivos ofrecidos a las empresas y fondos que impulsaron el despliegue de potencia renovable durante la primera década del siglo XXI se ha convertido en un problema de primer orden para nuestro país. Las modificaciones motivaron decenas de denuncias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El órgano supremo en el campo del arbitraje y la resolución de disputas en materia de inversiones transnacionales ha emitido más de una decena de fallos en los que se condena a España y se ordena la obligación de compensar a las empresas y fondos afectados. Las reclamaciones giran en torno a los mismos fundamentos de derecho y han dado pie a una posición de jurisprudencia clara e inequívoca, según la cual la retirada retroactiva de los incentivos vulneró el imperio de la ley y la seguridad jurídica.
Como ya publicó Libre Mercado, el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a resarcir a las empresas y fondos afectados. Como resultado de este reguero de impagos, los afectados se han puesto manos a la obra y han invocado sus derechos ante los tribunales de terceros países, caso de Gran Bretaña o Estados Unidos. La intención última de esta maniobra es confiscar activos del Reino de España en el extranjero y resarcir de tal manera a las compañías e inversores que están sufriendo el impago de las sentencias.
Dos de estas compañías, Infraestructure Services Luxembourg SARL y Energía Termosolar BV, llevan cuatro años reclamando a la Administración Sánchez que desembolse las compensaciones decretadas por el CIADI. Ante la negativa del gobierno, ambas empresas han reclamado al Tribunal Supremo londinense que actúe sobre la indemnización que próximamente cobrará España como compensación por los daños que provocó en la costa gallega el hundimiento del barco petrolero Prestige.
Aquel episodio, ocurrido hace casi dos décadas, motivó un largo proceso judicial que ha culminado con una condena cercana a los 1.000 millones de euros. Sin embargo, Infraestructure Services Luxembourg SARL y Energía Termosolar BV han pedido a la justicia británica que retenga 100 de esos 1.000 millones, confiscando de tal manera el 10% de la indemnización para transferirla a las compañías afectadas por el lío regulatorio de las energías renovables.
El gobierno español se ha gastado casi 3 millones de euros en minutas de bufetes de abogados internacionales para intentar evitar el pago de las indemnizaciones. Recientemente, el gabinete de Teresa Ribera buscó frenar la actuación de la justicia británica a base de implicar a la Abogacía de la Unión Europea, que quiso personarse en el procedimiento a instancias del Ejecutivo. Sin embargo, la jueza encargada del caso, Sara Cokerill, ha denegado tal posibilidad, dando alas a la ejecución de la maniobra de embargo que reclaman las empresas afectadas por la reversión retroactiva de los incentivos.
Nick Cherryman, abogado representante de ambas mercantiles, ha defendido ante el Tribunal Supremo londinense que la confiscación puede evitarse si España paga directamente sus obligaciones y deja de incumplir las resoluciones del CIADI. Cherryman también ha insistido en que no tiene sentido proclamar la voluntad de promover una transición ecológica mientras se perjudica de forma arbitraria e ilegal a los empresarios e inversores energéticos que hicieron de España un país líder en el ámbito de las renovables.