Comienzan los problemas legales para el nuevo impuesto "extraordinario" a la banca y empresas energéticas introducido por el Ejecutivo de Sánchez. Ayer 15 de febrero se conocía la decisión de la patronal bancaria de llevar a los tribunales el controvertido impuestazo. Pues bien, tan solo un día después, las grandes compañías eléctricas también han anunciado acciones legales contra un tributo que tildan de "discriminatorio e injustificado".
Concretamente, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado hoy jueves que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto impulsado por el Gobierno, que incluye a las grandes energéticas, y que ya se encuentra en vigor.
En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de "discriminatorio e injustificado" el gravamen, el cual no se aplica sobre los supuestos beneficios extraordinarios – como pregona el Ejecutivo– sino sobre los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2 %.
Para Aelec, la prestación "penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético", y es incoherente desde el punto de vista fiscal porque "grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/megavatio hora (MWh)".
Además, insisten en que afecta "incluso" a conceptos que el Ejecutivo factura a través del sector eléctrico y que no aportan beneficio alguno a estas compañías. Aelec lamenta que la fórmula aplicada por España sea sobre ingresos y no sobre beneficios, como en otros países de Europa, y sostiene que genera discriminación "porque sólo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas".
La decisión de las principales compañías eléctrica nacionales llega horas después de que la patronal bancaria anunciara su recurso contra el impuesto extraordinario. Así, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) presentaron dos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra el tributo, el cual alegan que "no se ajusta a derecho".
En total, los impuestazos a banca y eléctricas pretenden recaudar alrededor de 7.000 millones de euros durante los dos años que, a priori, estarán en vigor. Desde que se anunció su creación, diversos organismos y expertos han puesto sobre la mesa la dudosa legalidad de este tributo y su cuestionable sentido económico.