La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han presentado dos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional en los que piden la impugnación de la orden publicada este mes de febrero por el Ministerio de Hacienda que exige el pago del impuestazo "extraordinario" aprobado por el Gobierno.
Fuentes de estas patronales, que reúnen a las principales entidades del país, explican a este periódico que "tenemos claro que este impuesto no se ajusta a derecho, no es que no queramos pagar". Como ni la AEB ni la CECA "hemos pedido medidas cautelares, los bancos tendrán que abonar la parte que les corresponda en el mes de febrero", el primer mes que el Ejecutivo de Sánchez ha establecido para el pago. Sin embargo, las propias entidades "podrán recurrir individualmente la liquidación y paralizarla. Algunas ya han dicho que lo van a hacer" recuerdan. Bankinter ha sido de las primeras entidades en anunciar que recurrirá este tributo.
La excusa Sánchez para justificar el cobro de este impuesto es que "las grandes entidades financieras han empezado a beneficiarse de la subida de los tipos de interés". Desde que se conociera la intención del Gobierno de gravar todavía más a la banca, las entidades han denunciado que se trata de un impuesto que incurre en una doble imposición y que es discriminatorio porque penaliza a un sector de la economía sobre otros y sobre sus competidores internacionales.
Además, este nuevo impuesto se suma al tipo mínimo del 18% en el Impuesto de Sociedades que se aplica desde el año pasado a la banca y que también supone una discriminación directa. Asimismo, el Gobierno también aplica a las entidades financieras el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que entró en vigor en 2021, por lo que el cerco al sector bancario es total en España.
En pleno ataque del Gobierno a la banca
Para presentar los recursos, las patronales se basan, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen del Gobierno, como que la eventual subida de tipos de interés del BCE asegure necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos. Y es que, los tipos de interés más altos pueden reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores o reducir la actividad económica, lo que también merma el negocio bancario. Además, el BCE también cuestionaba al Gobierno por asegurar que conseguiría que las entidades no repercutieran el impuesto a los clientes.
El recurso de las patronales bancarias se produce después de que en los últimos días el ala de Podemos del Gobierno haya cargado duramente contra los bancos en plena presentación de los resultados empresariales de las entidades. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha sido de las más radicales y ha llegado a calificar de "usureros", "codiciosos" y "avariciosos a los presidentes de BBVA y Banco Santander.
Hacienda pretende ingresar 3.000 millones extra
El nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El Gobierno ha determinado que este impuesto tenga una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año con su puesta en marcha. Para pagar este año, ya tendrían en cuenta los resultados de 2022. Lo que no dice el Ejecutivo es que el efecto directo de este tipo de medidas se traducirá en préstamos, intereses y comisiones más caras para los clientes bancarios.
Las entidades afectadas
Este palo al sector financiero va a repercutir, sobre todo, sobre los principales bancos del país. CaixaBank, con 400 millones de euros, será la entidad más afectada por la medida, mientras que Santander calcula un impacto de entre 220 y 230 millones, y BBVA, un pago de 225 millones de euros este año.
Por otro lado, Banco Sabadell informó de que su previsión para este impuesto era una aportación de 170 millones de euros, mientras que Bankinter calcula que tendrá que pagar entre 80 y 100 millones de euros.