Después de unos años en los que el tema apenas apareció en el debate público (había otros, relacionados con el mercado de trabajo, como la negociación colectiva o el SMI, más de actualidad), las dos últimas semanas han sido las de la vuelta de la indemnización por despido. Todo vino a cuenta de esa sentencia que condenaba a una empresa a pagar por encima de los 33 días por año trabajado que marca la ley.
Y en los últimos días, ha tomado el relevo Yolanda Díaz. El miércoles, la ministra de Trabajo aprovechaba una interpelación urgente del diputado de ERC Jordi Salvador en la que solicitaba subir las cantidades a pagar al trabajador en caso de despido improcedente para asegurar que: (i) "No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo, no existe una protección efectiva frente a los abusos"; (ii) "El despido barato no fomenta la contratación, sino que fomenta la rotación y la precariedad"; y (iii) "El despido debe ser disuasorio y reparar el daño causado".
¿Conclusión? Debemos revisar los topes impuestos a las indemnizaciones, especialmente en el caso del despido improcedente. Díaz incluso ha denunciado que hay empresas que en sus previsiones de gastos incluyen el coste del despido.
A partir de ahí, qué se puede decir.
Lo primero es que no está claro de dónde habrá sacado Díaz los datos. Comparar costes de despido entre dos países siempre es una tarea compleja. Porque hay muchos factores: sí, por un lado la indemnización, pero también las causas por las que se admite o no un despido procedente.
Podría darse el caso, por ejemplo, de un país en el que la indemnización por despido procedente fuera igual a cero mientras que la del despido improcedente fuera muy elevada. Pero, al mismo tiempo, apenas hubiera situaciones de este último tipo, porque el empresario podría tomar la decisión casi a plena voluntad (por ejemplo, siempre sería procedente salvo en caso de discriminación por raza o sexo). ¿Diríamos que este país es el que tiene las indemnizaciones más altas? En teoría sí, porque un trabajador que cobrase la más elevada posible sería el que más recibiese del mundo; pero si apenas al 0,1% de los despidos en ese país se les aplica dicha norma y el 99,9% restante no cobra nada, la realidad en la práctica sería la contraria.
Pues bien, lo mismo puede decirse si incluimos factores como tiempo de preaviso, aplicación práctica de los despidos, reincorporación o no del despedido improcedente al puesto de trabajo, exigencias formales a la empresa, facilidad para contratar y despedir temporales, diferencia entre temporales y fijos, etc...
Protección del empleo
Quizás el estudio más exhaustivo que se ha realizado en la materia es el que propone la OCDE en su edición de 2020 de su "Employment Outlook: Worker Security and the COVID-19 Crisis". El capítulo 3 está dedicado a este tema, con el título de "Tendencias recientes en legislación para la protección del empleo".
Como apuntamos, no hay un indicador único que estudiar ni un sólo criterio que tener en cuenta. Pero también es verdad que tras la lectura del documento resulta muy complicado afirmar que el problema del mercado laboral español en comparación con el de otros países europeos es que es muy flexible o que el coste del despido es muy bajo. Porque lo cierto es que España es el país con el mercado laboral más disfuncional de Europa junto a Grecia (la mezcla de paro y precariedad llama mucho la atención a todos los analistas extranjeros) y la izquierda siempre culpa de este hecho a las facilidades que tienen las empresas para despedir.
En este punto es legítimo el debate de si el mercado laboral español debería ser todavía más rígido y el coste del despido todavía más elevado. Lo que no se puede decir es que lo que caracteriza a España frente a sus vecinos es la facilidad para despedir o lo barato que resulta hacerlo.
Así, la OCDE establece cuatro criterios de flexibilidad: Requisitos procedimentales; Tiempo de preaviso e indemnización; Normativa sobre despidos improcedentes; Aplicación de esta normativa. Luego, los autores otorgan una puntuación a cada apartado y le dan un color a cada uno de ellos: blanco si la protección legal es baja; azul claro si es media; azul oscuro si es alta. España acaba en la parte medio/alta de la tabla (es decir, normativa más bien proteccionista) junto a Francia o Suecia. Lejos de los mercados más flexibles (EEUU, Canadá, Suiza) y mucho más cerca de Portugal, Chequia o Israel (los más rígidos en el acumulado).
Pero si nos fijamos sólo en el coste del despido, la OCDE ha publicado también la siguiente tabla (página 13 de este documento):
Como vemos, España es el tercer país de la lista y el primero en Europa en lo que hace referencia al coste del despido.
Es verdad que, como decimos, este elemento no es lo único relevante en el mercado laboral. Por ejemplo, ahí tenemos a Países Bajos, un país con una tasa de paro por debajo del 5% y un mercado competitivo y flexible, con muchas multinacionales e inversión extranjera. También aquí el diablo está en los detalles. Pero lo que es evidente es que en España el despido no es ni barato ni sencillo.
Costes y gastos
En este sentido, también llama la atención otra afirmación de Díaz, cuando acusa a las empresas de meter los costes del despido en las previsiones de gastos.
Porque eso no sólo no es malo, sino que es lo normal. Por supuesto, no lo hacen sólo las empresas españolas. En cualquier país del mundo, lo lógico es que las compañías sepan que tendrán que hacer frente a contingencias diversas: desde clientes que se marchan a la competencia a nuevos productos que les obligan a cerrar una línea de negocio. Y lo que buscan es flexibilidad y estar preparadas ante estos acontecimientos. El día a día de cualquier compañía está marcado por la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado.
Ésta es la razón por la que la discusión clásica sobre el despido gira en torno a los mismos aspectos:
- Proteger al trabajador ya contratado con una indemnización muy alta puede reducir las posibilidades de que sea despedido, pero también reducirá la cantidad de empleo creado, sobre todo entre los jóvenes (no sólo empleo en términos absolutos, sino también en términos de empleo indefinido vs temporal).
- En otros países (entre ellos muchas socialdemocracias del norte de Europa como Suecia o Dinamarca, pero también Suiza o EEUU) apenas existe indemnización. Las empresas pueden hacer casi lo que quieran en cuanto al despido. Lo que intentan las autoridades es proteger al trabajador que termina en paro (ayudarle para que salga de esta situación con formación y ayuda a la reincorporación).
Qué es mejor. En Libre Mercado nos gusta más el segundo modelo. A Yolanda Díaz parece claro que le atrae más el primero. Pero incluso así, es complicado afirmar que el problema de España frente a esos otros países y la razón por la que nuestra tasa de paro es más alta es por el bajo coste del despido. El debate de la razón de esa diferencia que tanto nos duele puede ser muy interesante. Pero justo esa causa no parece que sea la que nos aleja de los mercados laborales más competitivos del mundo.