Que la política del Ejecutivo social-comunista de Pedro Sánchez, basada en el gasto público, las subidas de impuestos, el déficit estructural, la deuda exponencial y, sobre todo, la inseguridad jurídica está suponiendo un freno importante a la inversión empresarial, tanto a la nacional como la extranjera, no constituye novedad alguna: a pesar de su lógica recuperación tras la pandemia del Covid, la inversión extranjera en España sigue situándose un 45% por debajo del nivel alcanzado en 2018. Y eso teniendo presente que la Comunidad de Madrid, gracias a la política liberal y de bajos impuestos de Isabel Ayuso, ha sabido atraer más del 60% de todo el capital extranjero que se invierte en España.
Aun así, se estima que la Comunidad de Madrid perderá este año hasta 1.600 millones de inversión extranjera por la inseguridad jurídica y la voracidad fiscal del Gobierno central y muy especialmente por su demagógico y contraproducente "Impuesto a la Grandes Fortunas".
Por otra parte, hay que advertir cómo España acabó 2022 batiendo todos los récords en lo que a cierre de empresas se refiere, registrándose más de 26.200 disoluciones.
Ante este panorama, al que hay que añadir la agresividad verbal de algunos representantes de nuestro gobierno contra las grandes empresas, a nadie debería sorprender la decisión de Ferrovial de fijar su sede social en Países Bajos y su anuncio de que pasará a cotizar en el mercado estadounidense, precisamente persiguiendo el objetivo de blindar el proceso de internacionalización y crecimiento de la corporación a partir de un entorno de mayor seguridad jurídica y un clima fiscal más atractivo.
Aunque los últimos resultados financieros presentados por la compañía indican que más del 80% de sus ingresos y del 95% de su valor bursátil se generan fuera de nuestras fronteras, se trata de una pésima noticia que va a mermar la recaudación y los puestos de trabajo en nuestro país. En este sentido, no es de extrañar el nada disimulado enfado de Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "la salida de Ferrovial confirma que Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar". Eso, sin dejar de lamentar, el insensato y agresivo "señalamiento" que el gobierno de Sánchez viene haciendo a este tipo de empresas.
Buen ejemplo de esa agresividad verbal y de empecinamiento en su errada y empobrecedora política económica lo constituyen las reacciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero, que han considerado "inaceptable" la decisión de Ferrovial sin hacer la menor crítica a la desastrosa política económica que la ha motivado.
Lo peor es que este empecinamiento en el error bien puede provocar que Ferrovial no sea la última de las grandes empresas que decidan trasladar su sede fuera de España.