El Gobierno ha salido en tromba contra Ferrovial y Rafael del Pino. La reacción de esta multinacional de la ingeniería y la construcción a la sobrerregulación española y su inseguridad fiscal y jurídica ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno. Tanto que los más destacados miembros del Ejecutivo, como la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han cargado duramente contra Ferrovial y su presidente Rafael del Pino por su decisión de deslocalizar su sede a Países Bajos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se había pronunciado, pero ha demostrado no tener ningún empacho en cargar y señalar directamente al presidente de la empresa. En un hecho sin precedentes, el presidente del Gobierno de España cargó contra una empresa española y citó por su nombre a su primer ejecutivo:
"Los empresarios tienen una enorme responsabilidad en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino".
Sánchez aparecía en comparecencia ante los medios de comunicación junto con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, en plena gira para preparar la presidencia europea de turno de España que arrancará el 1 de julio.
Sánchez tuvo que despachar, en esa gira de autopromoción, con dos asuntos domésticos de primer orden: el escándalo de prostitución, cocaína y comisiones en el seno del Partido Socialista y sus diputados en el Congreso, y el dedo de Ferrovial en la llaga de la inseguridad jurídica de nuestro país y el infierno fiscal en que lo han convertido PSOE y Podemos con la ayuda de nacionalistas y filoetarras.
En su comparecencia, Sánchez ha advertido de que el Gobierno va a analizar si la decisión de la cúpula de Ferrovial se corresponde con la legalidad. Es decir que ha puesto en duda que la libre circulación de bienes, personas y capitales en la Unión Europea, santo y seña de la unión desde su creación, sea legal. Y lo ha hecho en Dinamarca.
El gran argumento de Sánchez y sus ministros se basa en decir que Ferrovial le debe mucho "a España", cuando lo que quieren decir es que le debe mucho al Gobierno. No aclaran, sin embargo, si se refieren a que el Gobierno le haya concedido a Ferrovial alguna obra que no le correspondía.
Una curiosa actitud, la del presidente del Gobierno quien, como recuerda este viernes Domingo Soriano en su pieza sobre Ferrovial, es presuntamente autor de una tesis doctoral sobre "la nueva diplomacia económica española".