La Unión Europea continúa poniendo en el foco a los apartamentos turísticos no tradicionales, como aquellos ofrecidos en Airbnb. En este caso, los ministros de Competencia e Industria de los países de la UE han acordado la creación de un registro comunitario de alojamientos turísticos de corta duración, el cual facilitará la recopilación y el intercambio de datos, además de armonizar los sistemas que ya existen en cada Estado.
El pasado jueves 2 de marzo el Consejo de la UE dio el siguiente paso en la creación de este registro. Plantean una serie de normas por las cuales cada país deberá crear una ventanilla de transmisión de información entre las plataformas y las administraciones públicas. El control será absoluto, y este servirá a los Estados y organismos europeos para monitorizar, controlar y restringir la actividad de estas plataformas, dado el caso.
La resolución da a la presidencia del Consejo el mandato de iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo, que deberá debatir en próximas fechas la nueva legislación planteada por la Comisión en noviembre de 2022, y de la que ya se hizo eco Libre Mercado.
La excusa es controlar de manera efectiva la oferta turística irregular y equiparar estos alojamientos con los hoteles. Así, se busca además controlar el crecimiento de los alojamientos de corta duración, que –pese a que la evidencia empírica no apunta consistentemente a dicha dirección– se considera inflan los precios de la vivienda. De nuevo, un nuevo subterfugio para vender al ciudadano que las instituciones públicas velan por el problema de la vivienda, mientras, por otro lado, dificultan su acceso mediante restricciones a la oferta o el socavamiento de la seguridad jurídica y la libertad inversora.
Número de registro y controles
A nivel concreto, toda casa, apartamento o habitación que se ofrezca en alquiler por un número limitado de días al año tendrá un número de registro para que las autoridades competentes puedan conocer la identidad del anfitrión. Además, la nueva regulación requerirá que las propias plataformas de alquiler se responsabilicen de realizar controles aleatorios para verificar que no haya declaraciones incorrectas de anfitriones o números de registro no válidos.
La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, ha destacado en Bruselas que este acuerdo supone un paso más en el afán de España por situar el turismo como una prioridad dentro de la agenda comunitaria y por establecer medidas que contribuyan a luchar contra la oferta turística ilegal.
En este sentido, Morillo considera que la regulación del mercado de alquileres de corta duración ayudará a mejorar las políticas públicas orientadas a combatir la oferta ilegal, a la que culpa de una mayor dificultad en el acceso a la vivienda, así como a la pérdida de calidad y a la competencia desleal en el mercado.
El acuerdo se aprobará previsiblemente, y tal y como desea la secretaria de Estado, durante la presidencia española del Consejo de la UE, que se iniciará en julio de este año 2023.
Uno de los actores más afectados por la nueva normativa, la plataforma Airbnb, ha preferido situarse del lado del legislador, asegurando que la propuesta de la UE supone "un paso adelante hacia unas normas más claras, coherentes y armonizadas para los anfitriones".