El Gobierno avanza un acuerdo para sacar adelante la reforma de las pensiones, basada en un incremento de ingresos y ningún ajuste por parte del gasto. En Bruselas piden al Gobierno español que solucione el incremento de gasto que supone el continuo envejecimiento de la población en España, la llegada de cada vez más jubilados al sistema y el aumento de la esperanza de vida de estos, unido a las subidas en las pensiones vinculadas al IPC.
Se trata de uno de los "hitos" para seguir desbloqueando los fondos Next Generation y que continúe llegando el maná europeo a un Gobierno que se muestra incapaz de hacerlo llegar a la economía real.
Pero el tiempo apremiaba y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, necesitaba sacar adelante su reforma. La tiene pactada, al menos eso nos cuentan.
Para contentar a Podemos y a los sindicatos, ha tenido que aparcar su intención de ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral. Ni siquiera se ha quedado en un escalón intermedio. En la práctica, seguirán siendo de 25 años de vida laboral. Se da la opción al jubilado de aumentarlo a 29 años eliminando los dos de peor cotización, es decir, a 27 años, y únicamente cuando este cálculo sea más beneficioso que el de los 25 (cosa que sucederá en muy pocas ocasiones).
De este modo, por el lado del gasto no se produce ningún ajuste. Así pues, el incremento del gasto en pensiones debe cubrirse en su totalidad por la parte de los ingresos. Y ahí es donde está el drama, ya que se introducirán mayores costes para la clase productiva española.
Más ingresos por cotizaciones
¿Y cómo piensa aumentar los ingresos? Exprimiendo todavía más las cotizaciones sociales subiendo las máximas. Como esto no será suficiente, además, subirá seis décimas extraordinarias en los tipos porcentuales de cotización que ya están pagando a 1,1 puntos del PIB y a la cuota de solidaridad. El Gobierno calcula que estas medidas permitirán una recaudación extra equivalentes a tres puntos del PIB.
Se trata de la segunda fase de la reforma, que seguirá a las tres anteriores ya materializadas y comprometidas en el Plan de Recuperación: la reforma que revaloriza las pensiones con el IPC, la que modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y la que impulsa los planes de pensiones de empleo.
"La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible. Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos", ha señalado a primera hora de este viernes la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.
La propuesta sobre pensiones que hoy hace el Gobierno a los agentes sociales ha sido muy trabajada y demuestra que lo que siempre ha dicho Podemos es posible.
Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos.
— Ione Belarra (@ionebelarra) March 10, 2023
Este jueves Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Fuentes comunitarias confirmaron a Europa Press que la Comisión Europea ha mantenido contactos "intensos" en las últimas semanas con el Gobierno español sobre la reforma del sistema de pensiones, una de las condiciones a las que está sujeto el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
Tras el sí de Bruselas y Podemos, ahora sólo falta que la reforma de pensiones reciba el visto bueno de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los agentes sociales habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.
Escrivá apuntó además que lo que se propondrá a los agentes sociales "es un esquema alternativo, sostenible, razonable y creíble, con el aval de instituciones independientes potentes", para que el sistema sea sostenible y mantenga al mismo tiempo el poder adquisitivo de las pensiones.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno proponía que la pensión máxima subiera también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio planteaba que, en el marco del diálogo social, se determinara el aumento adicional que habría de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".
El Gobierno siempre ha defendido que esta propuesta de partida estaba abierta a cambios en la negociación. Hoy presentará a los agentes sociales una nueva propuesta, con el aval ya de Podemos y de la Comisión Europea.