Cuando Manoli y Antonio decidieron confiar su casa a una familia que necesitaba un lugar en el que alojarse mientras reformaban la suya, jamás imaginaron que se acabarían convirtiendo en víctimas de la okupación. Tenían dos hijos pequeños y habían decidido adquirir esa segunda vivienda para poder dejarles algo el día de mañana. Hoy, este matrimonio de Pilas (Sevilla) está completamente arruinado y destrozado psicológicamente a la espera de que la Justicia desaloje a una pareja que conduce coches de lujo mientras no paga ni un solo euro desde hace 20 meses. "Teóricamente no trabajan, pero en el juicio no solo reconocieron que efectivamente tienen un Porsche y un Mercedes —cuyas fotos muestra a Libre Mercado—, sino que se demostró que cobran más de 3.000 euros en ayudas y se ríen en nuestra cara", denuncia Manoli entre la rabia y la desesperación.
Su conclusión es la misma a la que llegó el juez que, después de casi dos años, terminó fijando la fecha de lanzamiento para el pasado martes. Ese día, cuando Manoli recogió a la procuradora, se cruzó con el matrimonio, que se dirigía en su Porsche a los juzgados. Se temió lo peor. Y así fue. A pesar de que la notificación del desalojo consta como recogida, le dijeron al juez que no la habían recibido, que no les había dado tiempo a sacar sus cosas y que no podían ejecutar el desalojo porque su hija discapacitada se encontraba sola en casa en ese momento.
Mientras tanto, la comitiva judicial trataba de hacer su trabajo en la vivienda, algo que no resultó tarea fácil. "Antes de irse, habían dejado una llave rota dentro de la cerradura para que no pudieran abrir", explica Manoli, que se pregunta hasta qué punto les importa su hija cuando la dejan sola y encerrada de tal manera: "Si hubiera habido un incendio, allí se hubiera quedado". Cuando por fin lograron tirar la puerta abajo, efectivamente se encontraron a la joven, que repitió palabra por palabra el discurso con el que sus padres la habían aleccionado: "Estoy yo sola y no pueden hacer nada hasta que vengan".
"Ni es menor, porque tiene más de 30 años, ni tiene una discapacidad intelectual, porque lo único que tiene es una malformación, y ni siquiera vive allí -denuncia la propietaria-. Obviamente, la estaban utilizado como escudo". Aun así, el juez optó finalmente por concederles una prórroga y darles de plazo hasta el próximo jueves día 16 para que abandonen la vivienda.
Amenazados y arruinados
"Yo ya no sé si se van a ir o no, pero estoy muerta de miedo", reconoce Manoli, que no solo ha tenido que lidiar con sus triquiñuelas durante los últimos años, sino también con denuncias falsas y hasta amenazas de muerte. "Tengo un hijo y una hija en edad de salir y no vivo pensando en que les puedan hacer algo", dice con la voz entrecortada..
Su situación es la misma que, desgraciadamente, sufren cientos de familias de toda España por culpa de la inquiokupación, esa nueva modalidad en la que los okupas son inquilinos que de un día para otro dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Lejos de la imagen que muchos pretenden ofrecer de sus víctimas, la inmensa mayoría son pequeños propietarios que, como Manoli y su marido, compran una segunda vivienda con mucho esfuerzo para poder dejar algo a sus hijos el día de mañana y la ponen en alquiler para poder pagar la hipoteca.
"Nosotros la compramos en un momento en el que trabajábamos los dos, pero ahora yo estoy en el paro y mi marido es autónomo y tiene una pequeña panadería con mis cuñados, así que imagínate hasta qué punto necesitamos el dinero con dos hijos que tenemos, una en la universidad y otro en Bachillerato —explica—. Hay meses que me tengo que quitar de comer para que el banco no me quite la casa". Al dinero que llevan perdido en los últimos 20 meses por los impagos del alquiler —unos 8.000 euros, aproximadamente—, hay que sumar los elevados gastos de luz y agua en los que incurren sus inquiokupas. "Nos han llegado facturas de luz de hasta 400 euros y todo eso también lo tenemos que pagar nosotros -subraya mientras se pregunta cómo es posible que la Justicia y el Gobierno consientan esta situación-. Y eso por no hablar de todo lo que debo de comunidad, porque a todo no llego ni quitándome de comer, como te decía".
Antes de que el juez dictara sentencia, incluso se ofrecieron a perdonarles la deuda si abandonaban la vivienda voluntariamente, pero ni siquiera por esas consiguieron que se apiadaran de ellos. "Con lo bien que nos hemos portado nosotros siempre, jamás pensé que nos quisieran hacer tanto daño como nos están haciendo -lamenta Manoli-. Les hemos puesto todo lo que nos han pedido, hasta aire acondicionado, que nosotros no lo tenemos ni en nuestra propia casa, y unos toldos para la terraza, que yo tampoco me los puedo permitir".
Su mensaje al Gobierno
A su delicada situación económica, se suma el impacto que todo este calvario ha tenido en su salud. "Estoy medicada con depresión y estos días me han tenido que pinchar tranquilizantes, porque no puedo con la ansiedad. Nos han amenazado de muerte, nos han insultado, se han reído de nosotros… Hasta que no lo vives no sabes lo que es esto", advierte. Su mensaje pretende calar en los ciudadanos, pero, sobre todo, en el Gobierno. "Espero que cambien la ley, porque esto es insoportable. Lo siento por la expresión, pero nos sentimos como una mierda pisoteada", explica indignada.
En medio de esta soledad, la única ayuda que ha recibido este matrimonio sevillano es la de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una organización en la que han encontrado a cientos de familias en su misma situación: "Somos autónomos, familias normales y corrientes. No somos ricos, somos personas que pensamos en el día de mañana de nuestros hijos y que hemos comprado una casa con mucho sacrificio. Y que esta gente haga esto impunemente… Que estos sinvergüenzas se pongan a trabajar y se compren lo que quieran comprarse o que les mantengan ellos, pero no pueden vivir a nuestra costa".