Una vez más, la izquierda mediática y política manipula los datos de la okupación para tratar de ridiculizar la alarma generada en España por esta lacra. "La okupación de viviendas se frena pese a los discursos alarmistas", titula este lunes el diario El País en portada. El periódico del grupo Prisa se aferra así a que "el allanamiento y la usurpación caen por primera vez desde 2016". Sin embargo, olvida -intencionadamente o no- que lo que denuncian las víctimas es que la modalidad que en estos momentos está al alza es la inquiokupación -aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar, pero se niegan a abandonar la vivienda-y que, desgraciadamente, el Gobierno sigue sin incluir en ninguna estadística.
Según El País, el Sistema Estadístico de Criminalidad -dependiente del Ministerio del Interior y que recopila la información de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y los cuerpos municipales- recoge que el número de allanamientos de morada y usurpación de inmuebles en 2022 fue de 16.726, un 3,2% menos que el año anterior. Además, hace hincapié en que "la cifra supone el primer descenso de un fenómeno que ha sufrido un continuo y acusado incremento bajo gobiernos de diferente signo desde 2016, cuando se contabilizaron 9.918 casos".
Tres delitos diferentes
Los datos son ciertos, pero la realidad es que, una vez más, la izquierda se aprovecha del desconocimiento de gran parte de la población, así como de la diferencia que existe entre el lenguaje jurídico y el lenguaje coloquial que habitualmente usa la gente, para hacer una falsa generalización. Para el ciudadano de a pie, el okupa es aquel que se mete en una casa que no es suya y se niega a abandonarla. Da igual quién sea su dueño, si está habitada o no, o si se trata de un inquilino que ha dejado de pagar y no quiere irse. Sin embargo, tal y como Libre Mercado ha explicado en numerosas ocasiones, en términos jurídicos, estaríamos al menos ante tres delitos totalmente diferentes: allanamiento de morada, usurpación e inquiokupación.
La clave de la polémica es que, mientras aquellos que le hacen el juego al Gobierno se centran en las dos primeras modalidades, ignoran la última, que es precisamente la que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se ha incrementado de manera escalofriante en los últimos años, como atestiguan los numersos casos que reciben día tras día. No en vano, el propio diario El País reconoce que los datos que utiliza para desmontar "los discursos alarmistas" se refieren exclusivamente al allanamiento de morada – cuando lo que se okupa es la vivienda habitual de particulares- y la usurpación -referida a la entrada en pisos vacíos-.
¿Qué pasa con la inquiokupación?
Desgraciadamente, la manipulación es recurrente. De hecho, ya el pasado mes de septiembre, los medios de izquierdas lanzaron titulares similares tras la publicación de los datos de la Fiscalía y al hilo de las declaraciones del juez Diego Álvarez de Juan, asegurando que este tipo de delitos son residuales. El problema es que unos y otros omiten la inquiokupación debido a que este tipo de delitos no van por la vía penal y, por tanto no aparecen recogidos en las estadísticas. Al considerarse un mero incumplimiento de contrato, se siguen en la vía civil, de modo que, a pesar de que las víctimas alertan de su crecimiento, no hay cifras oficiales al respecto.
"En general, la sociedad siempre va más rápido que los legisladores y este caso es un ejemplo más: los políticos siguen discutiendo sobre el allanamiento de morada, cuando en los últimos años hemos visto que la inquiokupación ha ido aumentando en detrimento de la primera -denunciaba a LM el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, hace tan solo unos meses-. Ahora mismo, lo más fácil es entrar en una casa con un contrato de alquiler y luego dejar de pagar y, aunque desde el punto de vista jurídico se considere un incumplimiento del contrato, está claro que es una okupación en toda regla".
De esta forma, propietarios se convierten en víctimas de un proceso que, tal y como dan cuenta las numerosas historias publicadas por Libre Mercado, puede alargarse durante años, un tiempo en el que no sólo no reciben ni un solo euro, sino que, además, son ellos los que tienen que hacer frente a todos los gastos de suministros que ocasionan los okupas.