Ante la delicada situación de miles de familias en toda España, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha decidido denunciar ante la Unión Europea la "sistemática vulneración de sus derechos" por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Concretamente, tal y como ha adelantado a Libre Mercado su portavoz, Ricardo Bravo, la entidad ha presentado una petición formal para que las instituciones comunitarias analicen si el decreto antidesahucios que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2020 vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad.
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— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) February 16, 2023
El decreto en cuestión fue aprobado al inicio de la pandemia del coronavirus a fin de evitar que personas vulnerables pudieran verse en la calle en pleno estado de alarma. Sin embargo, a pesar de que todas las medidas adoptadas entonces han ido decayendo, dicho decreto sigue aún vigente y, según denuncian, ha generado un "efecto llamada" para la inquiokupación -aquella protagonizada por inquilinos morosos que se niegan a abandonar la vivienda- "ya que el inquilino puede dejar de pagar sin sufrir ninguna consecuencia legal".
Con todo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación solicita la intervención urgente de la Unión Europea, ante la que también denuncia "la falta de diálogo del Gobierno con las víctimas", así como el hecho de que la nueva Ley de Vivienda no ataje el problema de la okupación y la inquiokupación. "No olvidemos que detrás de cada inquilino vulnerable hay un propietario que se ve privado de su propiedad y de su renta, y que en muchos casos es más vulnerable económicamente que el inquilino", lamentan las víctimas.
Adiós al derecho a la propiedad
Junto a estas consideraciones generales, la entidad -que ha recibido la ayuda y asesoramiento de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona- hace acopio de toda la legislación nacional y europea existente en la materia. "El derecho a una vivienda digna no puede sustentarse en la lesión continuada de los derechos de los propietarios de inmuebles", reza la petición a la que ha tenido acceso LM. En ella, los afectados acusan al Gobierno español de eludir su mandato constitucional, trasladando toda responsabilidad de atender a las personas que pudieran precisar de ayuda pública a particulares que no solo ven cómo les expropian temporalmente sus viviendas sino que, además, han de pagar todos los suministros de los okupas.
En este sentido, la plataforma denuncia la falta de inversión en vivienda pública por parte de las distintas administraciones que, según defienden, ha derivado en que el parque de vivienda social español sea "el más ínfimo de Europa". "Los distintos gobiernos españoles han olvidado conjugar el acceso a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada regulada por el artículo 17 de la CE", lamentan.
Menos viviendas en alquiler
El escrito advierte, además, de la principal consecuencia que ha tenido el decreto antidesahucios y las políticas de vivienda del Gobierno: "una considerable disminución de inmuebles en el mercado privado, retirados por sus propietarios ante la dificultad de recuperar sus inmuebles, el coste económico que ello les supondría o la limitación actual en la actualización de la renta del alquiler; situación ésta que se aleja bastante del pretendido fomento del alquiler".
Entre otras cosas, las víctimas echan en falta una "ayuda económica y efectiva" para aquellos que se ven privados de su derecho a la propiedad privada. "Las compensaciones económicas previstas en el RDL 37/2020, de 22 de diciembre, prorrogadas en leyes posteriores, además de incluir requisitos impracticables, no se han hecho efectivas", denuncian.
La falta de diálogo
Al margen de los aspectos puramente legales, la Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia también la cerrazón del Gobierno español a escuchar a las víctimas. Así, recuerdan que ni el exministro José Luis Ábalos ni la actual responsable de Vivienda, Raquel Sánchez, han atendido sus reiteradas peticiones. Tampoco la titular de Justicia, Pilar Llop, a la que, desde hace casi año y medio, mes tras mes, las víctimas han ido reclamando sin éxito un encuentro.
Aunque los afectados sí han sido recibidos por otros dirigentes socialistas (alcaldes y representantes autonómicos), a todos ellos les definen como "autómatas que escuchaban sin tomar medidas". De la otra pata del Gobierno, la de Podemos, hace tiempo que no esperan nada. No en vano, si por algo se ha caracterizado siempre la formación morada es por defender la okupación, participando incluso en numerosas protestas de los antidesahucios. Tampoco parecen haber servido de nada, dicen, ni los cientos de cartas que han enviado hasta el Defensor del Pueblo ni la gran manifestación de septiembre de 2021.
Falsos vulnerables
"Las miles de familias víctimas de la okupación e inquiokupación seguían asumiendo la humillación del pago de suministros a sus inquiokupas, aplazamientos de desalojos y desahucios de familias no vulnerables, y largos procesos judiciales para reclamar la propiedad avalada en sus escrituras -lamenta la plataforma-. Mientras los juzgados se pronunciaban a favor de las víctimas, los inquiokupas recurrían a la herramienta estrella del RD 11/2020: la solicitud de vulnerabilidad, proceso que podía demorar hasta 6 meses más la posible fecha de lanzamiento".
Según denuncian las víctimas, "la sobrecarga de los servicios sociales hacía incumplir plazos de informes", pero, además, favoreció "la concesión de miles de informes de vulnerabilidad bajo la sospecha de no contrastar la información aportada por los inquiokupas, lo que se ha traducido en millones de euros de ayuda para falsas familias vulnerables".