El Gobierno de no deja de cargar contra los empresarios. Les acusa de buscar beneficios inmorales, de marcharse de España para esquivar sus 54 subidas impuestos y de practicar la precariedad laboral.
El sindicato USO ha analizado los datos comparados de precariedad entre el sector público y el privado. Y Pedro Sánchez es el empresario con mayor precariedad de España. Ha roto la situación que heredó del Gobierno del PP, en la que la temporalidad de la Administración Pública era prácticamente la misma que la del sector privado y, en estos momentos, camina hacia, casi, duplicar la tasa de temporalidad de los empresarios a los que insulta. El sector privado tiene a cierre de 2022 una temporalidad del 18,5% y el público dispara este indicador hasta el 31,4%. Y es que a Sánchez le gusta crear nuevos puestos públicos, pero sin oposición.
El gabinete de estudios del sindicato USO ha hecho un profundo análisis de la tasa de temporalidad, el indicador que "indica la relación que existe entre el número de contratos temporales y el total de contratos existentes", aclara USO. "En el año 2022, un 21,1% de los asalariados tenía contrato de trabajo temporal. En la UE-27, el valor de este porcentaje se sitúa en torno al 14,0%".
Los datos de USO señalan que "la tasa de temporalidad ha disminuido algo más de 5 puntos desde 2019". Pero "este descenso es muy distinto según el ámbito en el que nos fijemos. Mientras en el sector privado desciende en más de siete puntos, en el sector público se incrementa en cerca de 4 puntos, superando el 31%. Uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato temporal".
En 2019 la situación era distinta. Aquel año, el sector privado tenía una temporalidad muy parecida a la del sector público. En 2019 los "asalariados del sector privado" tenían un dato de temporalidad del 25,9%. Y los del sector público elevaban su tasa hasta el 27,7%.
Pero, tras la llegada de Pedro Sánchez y sus medidas laborales, el panorama ha cambiado: el sector privado tiene ahora una tasa de temporalidad del 18,5% y el público, del 31,4%.
Las conclusiones del estudio destacan, además, que "desde 2019 hasta 2022, los trabajadores afectados por un convenio han tenido una pérdida de poder adquisitivo de 4,2 puntos porcentuales. Los empleados públicos han perdido 2,5 puntos.Los pensionistas han perdido entre 2019 y 2022 seis puntos porcentuales". Los precios, por otro lado, "suben más que los salarios y las pensiones. Esto supone una situación de empobrecimiento, merma la capacidad de ahorro y el peso de los salarios en el PIB. A su vez, acentúa el riesgo de un menor crecimiento en 2023, con un impacto negativo en la creación de empleo: de empleo con jornadas completas de trabajo y bien remunerado", subraya USO.