Ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a los okupas e inquiokupas, las víctimas han optado por recurrir a los ayuntamientos de toda España, a los que presentarán un documento con 56 medidas que consideran que podrían contribuir a acabar con esta lacra o, cuanto menos, minimizar el coste que el Estado obliga a asumir a los propietarios. El escrito, elaborado por la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ya ha sido presentado en más de 400 consistorios, tanto de grandes ciudades como de zonas rurales, y se espera que en los próximos días pueda llegar a otros tantos.
La guía ha sido publicada en su página web y en sus redes sociales, desde donde cualquier afectado puede descargarla rápidamente para poder presentarla en su municipio. Para facilitar esta labor y evitar duplicidades, la plataforma ha elaborado, además, un mapa interactivo que permite a los usuarios saber en qué ayuntamientos ya se ha entregado.
El objetivo no es otro que "solicitar ayudas reales a los vulnerables verdaderos", ya que, a pesar de la creencia generalizada, son muchos los okupas "con buenos coches, teléfonos de alta gama o gastos en locales de ocio", algo que ha quedado plasmado en los numerosos testimonios que Libre Mercado ha ido publicando en los últimos años. Por todo ello, los afectados insisten en que es "fundamental" que se les valore como "víctimas de un delito" y que todo cargo público, "independientemente de las ideas que represente", haga todo lo que esté en su mano para ayudarles.
Basándose en su propia experiencia, la plataforma presidida por Ricardo Bravo propone así un total de 56 medidas divididas en distintas áreas de actuación, que incluyen a la Policía, a las concejalías de Vivienda y Urbanismo y a los Servicios Sociales, a quienes las víctimas culpan directamente de su situación por una dejación de funciones que termina convirtiéndolas a ellas en un escudo social.
Servicios Sociales y falsos vulnerables
Precisamente por eso, lo primero que reclaman es que se ofrezca una solución habitacional a las familias que realmente lo necesitan lo más rápido posible. "No se puede derivar esta responsabilidad sobre terceros, especialmente sobre pequeños propietarios", advierten. Y para ello, proponen "agilizar la valoración de vulnerabilidad", estableciendo un plazo máximo de 30 días para emitir un informe.
No obstante, insisten en la importancia de "solicitar y verificar toda la documentación aportada" y "no considerar pruebas verbales como objetivas". Además, recomiendan "contrastar" la información que puedan aportar tanto el propietario como los vecinos, quienes muchas veces incluso se ven obligados a contratar a detectives privados para demostrar que sus okupas o inquiokupas trabajan en b y, por tanto, cuentan con más recursos de los que dicen tener.
Por otro lado, solicitan que, en caso de otorgarles la vulnerabilidad, ésta se revise cada seis meses, tanto para comprobar si su situación económica sigue siendo la misma como para evaluar las "acciones de inserción" que los okupas estén llevando a cabo. En este sentido, las víctimas reclaman un seguimiento que permita revocarles esa condición de vulnerables si no hacen todo lo posible para mejorar su situación, así como "condicionar ayudas sociales a buena convivencia y ausencia de problemas".
Para cerrar este capítulo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación insta a las administraciones a valorar la posibilidad de impedir acceder a vivienda pública a aquellos que tengan antecedentes de okupación, y lo más importante: que también se evalúe la vulnerabilidad de las víctimas, quienes, en muchos casos, terminan completamente arruinados por tener que mantener a los delincuentes.
Ayudas públicas y posible fraude
En cuanto a las posibles subvenciones, la guía aboga por aprobar ayudas al alquiler, pero pide que se deriven directamente al propietario, con el objetivo de garantizar que se utilizan para el fin que han sido previstas. En caso de no hacerlo, los afectados solicitan al ayuntamiento que inicie los trámites de "fraude de subvenciones" y retire a la familia en cuestión la declaración de vulnerabilidad. Además, insisten en la importancia de que los propios Servicios Sociales puedan solicitar de oficio las ayudas en casos de okupación o inquiokupación para que sean derivadas directamente a los propietarios y paliar así el perjuicio económico al que se ven condenados.
En otro orden de cosas, las víctimas reclaman que se les conceda un abogado de oficio, que se les condone el pago del IBI y que el ayuntamiento asuma los gastos de empresas municipales -agua y basuras, por ejemplo-, durante el tiempo que dure la okupación. Además, exigen una línea de "ayudas orientadas a rehabilitación de viviendas destrozadas por el okupa o inquiokupa tras un desalojo", algo que, desgraciadamente, es muy común.
Recursos y formación policial
Capítulo aparte merecen las medidas relativas a la Policía Local, para la que piden más recursos, más formación sobre medidas cautelares y el desarrollo de un protocolo claro de actuación. Además, reclaman a los ayuntamientos que establezcan "rondas periódicas en zonas de conflictividad", que se vigilen los enganches de suministros y que se inicien los "trámites pertinentes para desmantelar supuestos narcopisos, sospechas de prostitución, trapicheos de coches robados y otros delitos relacionados con las mafias".
En esta línea, la Plataforma de Afectados por la Ocupación exige la "consideración del concepto ‘mafia okupa’", ya que, tal y como explicaba el propio Bravo en LM hace unas semanas, a pesar de que muchos grupos funcionan como tal, ni son perseguidos ni son juzgados por ello, sino que cada caso se investiga de forma aislada sin perseguir el mercado okupa del que dan buena cuenta las redes sociales, por ejemplo.
A todas estas medidas, las víctimas añaden otras tantas, como vincular el empadronamiento a un sistema que registre los contratos de alquiler y facilitar el "desempadronamiento" en casos de okupación e inquiokupación. Además, reclaman la intervención de técnicos de Urbanismo en edificios vandalizados, ya que, según denuncian, los okupas generan grandes problemas de seguridad y habitabilidad que puede hacer que el bloque en cuestión tenga que ser declarado como inhabitable. La lista completa de las 56 medidas puede consultarse en esta web.