La propuesta de los sindicatos para incrementar los salarios hasta más de un 13% en un período de tres años, uno de ellos de manera retroactiva, es un elemento muy peligroso para la economía española, pues incrementarían enormemente los costes de las empresas, ya muy elevados debido al proceso inflacionista que vivimos, y presionarían más al alza a la inflación, dado que las empresas tendrían que repercutirlos en el precio de sus productos y servicios, pues no podrían soportar un quebranto de tal tamaño, que les haría cerrar, con consecuencias mucho más perjudiciales para la economía y el empleo.
Esa indexación de los salarios a la inflación generaría lo que se llaman los efectos de segunda ronda, desatando una espiral precios-salarios que sólo desembocaría en mayores precios, pues al subir los salarios, se incrementarían los precios; esa subida de precios, presionaría al alza a los salarios, que volverían a incrementar costes y a motivar una subida de precios, y, así, indefinidamente. Es más, cuando se inicia dicha espiral, crecen mucho precios y salarios, pero terminan creciendo más los precios, con lo que no sólo no se mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que se les empobrece por haber presionado al alza los salarios, además de que muchos, en ese tiempo, habrán perdido su empleo, con lo que su renta nominal también se verá mermada.
Vivimos unos tiempos de incremento de costes industriales y de distribución, impulsados tanto por los precios de la energía como por la escasez de algunos elementos y por el encarecimiento del transporte. Todo ello, ha desembocado en una inflación que, por mucho que el Banco Central Europeo (BCE) insistió en calificar de coyuntural, se ha convertido en estructural, al transmitirse a toda la cadena de valor debido al largo retardo interno del BCE a la hora de iniciar su política monetaria contractiva y al ingente gasto público gubernamental, que presiona artificialmente los precios y dificulta la correcta transmisión de las medidas de política monetaria del BCE.
Esos costes minan la competitividad de la economía española. Si, finalmente, se produce dicha negociación salarial al alza tal y como solicitan los sindicatos -más de un 13% en tres años e indexar, después, los salarios a la inflación-, entonces el aumento de coste será ya muy importante, la productividad total de los factores disminuirá, se trasladará ya de una manera todavía más intensa a los precios, generando la mencionada espiral precios-salarios que sólo conducirá al empobrecimiento de la sociedad. De hecho, los costes laborales no dejan de subir, asfixiando a las empresas.
En ese caso, la pérdida de productividad y competitividad de la economía española se intensificarán sobre un problema estructural de la misma, cosa que ya está pasando, como podemos comprobar.
Por eso, las subidas en los salarios deben ir ligadas a mejoras en la productividad; si no, sólo generarán inflación y perderán más poder adquisitivo. La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.
Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Esos elementos podrían haber sido mejorados si el Gobierno, en lugar de aprobar la contrarreforma laboral, hubiese mejorado la reforma de 2012 flexibilizando más el mercado de trabajo y eliminando las rigideces mencionadas. Sin embargo, no lo ha hecho y ya hemos visto en este artículo sus consecuencias.
Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.
Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente. Y esa productividad y competitividad tampoco se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas. Tampoco con una política energética equivocada. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, para que no contribuyan al alza de precios, y con una política energética que apueste por la energía nuclear para poder abaratar costes.
Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo, es decir, lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno con su política económica.