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Empiezan a acumularse los yates incautados a los oligarcas rusos y nadie sabe qué hacer con ellos

Estos lujosos navíos, que los Estados pueden bloquear pero no vender, requieren de grandes gastos de mantenimiento.

Estos lujosos navíos, que los Estados pueden bloquear pero no vender, requieren de grandes gastos de mantenimiento.
El superyate Phi, incautado en 2022 por las autoridades británicas. | Alamy

La guerra de Putin en Ucrania continúa, y con ella la incesante pérdida de vidas humanas. Así, la histórica batería de sanciones establecida por los países occidentales parece no estar desviando un ápice las pretensiones militares del dirigente ruso ni cuestionando, al menos por el momento, su figura como presidente de la Federación Rusia.

En este sentido, uno de los métodos seguidos por la comunidad internacional para tratar de quebrantar los apoyos de Putin ha sido la imposición de sanciones sobre los oligarcas con influencia en el Kremlin. Villas, mansiones, coches de lujo, aeronaves... Todo tipo de bienes han sido arrebatados del control de sus dueños con el único fin de exasperar a las altas esferas rusas y ponerlas en contra de su líder.

Aunque hay un tipo de propiedad cuya confiscación está generando enormes dolores de cabeza a las autoridades occidentales: los grandes yates de lujo. A consecuencia de las sanciones promulgadas desde el inicio del conflicto por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, buena parte de los lujosos navíos que rusos que se encontraban en el extranjero han sido incautados -como el Amadea , el Tango , el Meridian A y el Amore Vero-. Por no hablar del yate más grande del mundo, el Dilbar, incautado en marzo por las autoridades alemanas al oligarca y testaferro del presidente ruso Alisher Usmanov. El navío estaría valorado en 600 millones de dólares, fue construido a medida y cuenta con una longitud de 156 metros, un peso de 16.000 toneladas y requiere de una tripulación de casi un centenar de personas.

Muchos de estos barcos requisados se encuentran bajo investigación – ya sea para identificar a sus verdaderos dueños o mientras se busca un nexo con la comisión del algún delito y así justificar su expropiación. Y, en cualquier caso, todos ellos ocupan espacio en los puertos y suponen un peligro potencial para el transporte marítimo, además de permanecer en una especie de limbo administrativo: los Estados no tienen potestad para venderlas, mientras que los dueños no pueden hacer uso de ellas ni, en muchos casos, continuar pagando por su caro mantenimiento, ya que las propias sanciones a las transacciones internacionales les impiden abonar los gastos.

Para tratar de corregir este problema, algunos países, incluido España, han autorizado a los propietarios de los superyates a pagar por su mantenimiento. De no concederse estos permisos, las tarifas portuarias y los gastos de mantenimiento –si es que este se realiza–, acaban siendo pagados por la Administración, pasando la factura al contribuyente. Y en el (habitual) caso de que nadie se haga cargo de su adecuada conservación, el valor del activo se deteriora con rapidez. Porque, recordemos, estamos hablando de enormes naves flotantes que requieren de un mantenimiento diario y exhaustivo.

¿Qué hacer con los barcos?

Volviendo a los procesos de investigación, una de las razones por las que estas se alargan es porque, en la mayoría de las ocasiones, demostrar la propiedad de cada una de las lujosas embarcaciones es harto complicado: los barcos sospechosos no suelen utilizar la bandera rusa, mientras que algunos magnates enmascaran su propiedad mediante la utilización de empresas pantalla.

Además, una vez que se identifica al propietario, los gobiernos no pueden simplemente expropiar el activo y venderlo a un tercero. Esto es así porque las propias sanciones impuestas por occidente establecen que las propiedades de las fortunas amigas de Putin pueden ser "congeladas" o "bloqueadas", pero no vendidas ni expropiadas.

Una de las maneras de lograr esta expropiación pasa por demostrar que la embarcación ha tenido relación en la consecución de un delito o actividad ilegal. En este caso, las investigaciones pueden demorarse durante años, y la incautación se producirá solo en el caso de que la autoridad judicial logre acreditar la relación entre el activo en cuestión una actividad criminal. De cualquier modo, uno de los resquicios que, según algunas voces, podrían facilitar la confiscación definitiva de las propiedades, sería una sentencia de algún tribunal internacional que certificase los daños causados por Putin y la cúpula rusa hacia Ucrania. Así, el país de Zelenski podría llegar a apoderarse de las propiedades congeladas a los oligarcas, obteniendo las ganancias derivadas de su venta para reconstruir la nación.

Pero más allá de este hipotético desenlace, algunos países están moviendo ficha para comenzar ya a sacar rédito de los activos congelados a las élites rusas (incluidos los yates), empleando este en la obtención de recursos para la guerra de Ucrania. En este sentido, Estados Unidos se encuentra examinando fórmulas legales para vender de manera rápida los yates incautados hasta la fecha. Aunque, de poder hacerse, el proceso de venta no sería para nada fácil, tal y como apunta una exagente de la CIA a The Economist. Y es que pocos están dispuestos a comprar barcos gigantescos valorados en cientos de millones de dólares que, además, han constituido la propiedad de (potencialmente peligrosos) oligarcas rusos.

Por su parte, la Unión Europea también ha tomado cartas en el asunto, y lleva debatiendo desde noviembre del pasado año la creación de una estructura encargada de administrar e invertir los fondos y activos congelados a los oligarcas rusos, destinando las ganancias a la guerra contra Putin. Eso sí, tras el levantamiento de las sanciones, los activos deberán ser devueltos a sus dueños.

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