La recién aprobada Ley de Vivienda no es el único ataque a la propiedad privada que la izquierda ha llevado a cabo en los últimos días. El gobierno de las Islas Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, ha puesto en marcha el régimen sancionador de la Ley Turística de 2013. Aprobada hace una década, esta norma contempla que los propietarios de apartamentos de complejos turísticos que no alquilen sus inmuebles y opten por usarlos como su domicilio principal o su segunda residencia pueden recibir multas de hasta 9.000 euros.
La Consejería de Turismo empezó a tomar medidas a partir de 2020 y ya ha incoado un total de seis sanciones contra los propietarios de activos inmobiliarios que se encuentren en esta circunstancia. De acuerdo con la legislación autonómica, las sanciones oscilan desde 2.253 a 9.015 euros y tienen rango de infracción "muy grave".
El gobierno canario insiste en que, si la planificación urbanística y las licencias de operación han codificado que un inmueble está dedicado al ámbito del alquiler turístico, sus propietarios no pueden darle un uso personal. Sin embargo, los dueños de estos pisos y chalets consideran que se está vulnerando su derecho a disponer de su propiedad privada en libertad. Existe, de hecho, una Plataforma de Afectados por la Ley Turística que ya ha empezado a litigar contra el gobierno canario y que ha anunciado que está dispuesta a llegar a la justicia europea, si fuese necesario.
Impuesto a las viviendas vacías en Extremadura
Por su parte, la Junta de Extremadura, también presidida por el PSOE, ha puesto en marcha un nuevo impuesto que comenzará a devengarse el 1 de enero de 2024 y que afectará a los grandes propietarios de viviendas sin ocupar. La medida afecta a las empresas que posean más de cinco inmuebles que permanezcan vacías "sin causa justificada" y durante un periodo de un año.
El tipo aplicable será determinado en función de la superficie y puede llegar a motivar liquidaciones muy abultadas. Por ejemplo, una empresa que posea viviendas cuya superficie conjunta supere los 10.000 metros cuadrados podría verse obligada a abonar hasta100.000 euros en concepto de este gravamen. La Junta ha excluida a las "zonas de baja demanda", para no penalizar a los municipios de las zonas menos pobladas.
Según el gobierno de Guillermo Fernández Vara, la recaudación que se puede obtener por esta vía asciende a 2 millones de euros. Para poner en perspectiva esta cifra, basta con señalar que el gasto presupuestado por la Junta de Extremadura para el año 2023 asciende a 7.776 millones de euros. Hablamos, pues, de una cantidad equivalente al 0,026% del gasto autonómico.