Horas antes de que la Ley de Vivienda pase su último trámite parlamentario, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha realizado una vigilia por los derechos de los propietarios frente al Congreso de los Diputados . "La aprobación de esta ley supondrá la vulneración sistemática de todos nuestros derechos. No podemos permitir que el Gobierno nos invisibilice y crea que no existamos, pese a habernos reunido con ellos en repetidas ocasiones -denuncia su portavoz, Ricardo Bravo-. Necesitamos que este Gobierno empatice también con los que sufrimos esta lacra: la okupación y la inquiokupación".
Con velas y pancartas que reflejan sus exigencias, un grupo de víctimas -19 para evitar que la protesta se considere una manifestación- se plantaba a primera hora de la tarde de este miércoles frente a la Cámara Baja. Una vez allí, no dudaban en explicar sus reivindicaciones a todos cuantos se acercaban: periodistas, políticos o ciudadanos de a pie. "La okupación tiene dos caras: por un lado, las familias que okupan, ya sean vulnerables o no; por otro, los afectados por la okupación -insistía Bravo-. Pedimos que la ley nos recoja, considere nuestras situaciones y que también ponga medidas para evitar que esto suceda".
Adiós al derecho a la propiedad
La ley pactada con Bildu y ERC alarga los ya de por sí dilatados plazos para echar a los okupas, dificultando más si cabe el proceso en caso de que éstos sean vulnerables, un criterio un tanto arbitrario, tal y como llevan años advirtiendo las víctimas, que ahora se clarifica, pero que sigue sin tener en cuenta que muchos de ellos trabajan en b. Además, la norma legitima la utilización de los propietarios como escudo social.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja claro en primer lugar que, aun compartiendo el derecho y la necesidad del acceso a una vivienda digna por parte de todos los ciudadanos, "no se puede considerar la okupación e inquiokupación -la perpetrada por inquilinos que dejan de pagar- como forma legítima para ello". A su juicio, tal derecho sólo puede garantizarse "desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas" y no derivando la solución habitacional de familias vulnerables a los propietarios.
"La ley evidencia la falta de protección a todo propietario y a su derecho a la propiedad", lamentan los afectados, quienes insisten en que "el allanamiento, la usurpación o el impago de las rentas tienen múltiples casuísticas y agentes implicados" y, sin embargo, "la ley no deja constancia de ellas ni sus implicaciones", ni tampoco de las propuestas para revertir la situación, a pesar de que, según la legislación actual, son las víctimas las que "deben afrontar el impago de las rentas, los costes de suministros, los impuestos y los gastos judiciales para recuperar su propiedad".
Las mafias, "un olvido imperdonable"
A su juicio, "la intencionada asunción del binomio okupación y vulnerabilidad excluye medidas para atajar otras causas: rédito económico de personas y mafias okupas, utilización de viviendas okupadas como narcopisos o burdeles, intencionalidad de no asumir el pago de la renta, creación de guetos por clanes o grupos…" y la carencia de propuestas para luchar contra todo ello supone "un olvido imperdonable que creará gravísimos perjuicios y daños materiales, psicológicos y psiquiátricos a vecinos y comunidades afectados por la okupación mafiosa y delincuencial, los grandes olvidados de este problema".
Con todo, las víctimas reiteran que los medios legales para luchar contra esta lacra "son insuficientes, lentos y arcaicos" y que "países como Reino Unido, Italia, Francia, Estados Unidos y otros países occidentales protegen a sus propietarios con sistemas mucho más eficaces a la hora de recuperar una vivienda".