En plena polémica por la Ley de Vivienda, Podemos ha vuelto a calificar la okupación como una "mentira", una "falacia" y un "bulo" creado por la extrema derecha. Así lo aseguraba este lunes el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que insistía en que "en ningún caso" este fenómeno supone un problema en nuestro país. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Y si no, que se lo digan a Paqui, una barcelonesa que, a sus 65 a años, acaba de acampar frente a la casa que heredó de su madre para denunciar a la cuidadora que lo ha okupado y que se ha fundido los pocos ahorros que había conseguido reunir antes de morir..
"La Plataforma de Afectados por la Ocupación calcula que en España somos más de 80.000 víctimas, así que no somos ningún bulo", responde indignada. El problema es que, como repite una y otra vez esta organización, la modalidad que en estos momentos está en auge es la llamada inquiokupación, la protagonizada por inquilinos que dejan de pagar y que se convierten de facto en okupas. Sin embargo, al considerarse un mero incumplimiento de contrato, todos estos casos no van por la vía penal, por lo que no aparecen en las estadísticas oficiales.
El de Paqui, que lleva 20 meses con su piso okupado, es tan solo el último de cuantos han salido a la luz. "Mi intención con esta acampada es visibilizar la injusticia que estamos viviendo y que alguien haga algo, porque no hay derecho -lamenta indignada-. Esta mujer nos debe ya 17.000 euros entre alquiler y suministros. Se ha fundido ya los pocos ahorros que nos pudo dejar mi madre, y pienso en todo lo que tuvieron que trabajar mis padres para conseguir esa casa y no puedo con ello".
Su madre, natural de Málaga, emigró en su juventud a Barcelona en busca de una vida mejor. "Empezó viviendo en una cueva en el Tibidabo hasta que pudieron hacerse con ese piso. Mi padre encontró trabajo como pulidor y mi madre limpiaba barcos. Tuvo la mala suerte de quedarse viuda cuando yo tenía 12 años, así que no tuvo una vida fácil", recuerda Paqui, que, además, insiste en que esto no es una cuestión de vulnerabilidad: "Tanto ella como su marido tienen trabajo y, si miras sus redes sociales. su hija lleva un nivel de vida que no es el de una familia necesitada. Si no pagan es porque no les da la gana".
La okupa trabajaba en la residencia de su madre
La historia se remonta a noviembre de 2019. La madre de Paqui padecía Alzheimer, así que hacía tiempo que acudía a un centro de día y solo pasaba las noches en su casa, donde una mujer se encargaba de ella. Sin embargo, la enfermedad se fue agudizando y uno de sus hijos decidió llevársela con él. Tras enterarse de la decisión, una de las trabajadoras de la residencia se interesó por su piso. "No nos habíamos planteado alquilarlo, pero al decírnoslo pensamos que tal vez era una buena opción, porque así no se quedaba vacío y no corríamos el riesgo de que nos lo okuparan -dice Paqui, que jamás imaginó que el remedio acabaría siendo peor que la enfermedad-. Además, pensamos que de esa forma mi madre estaría mejor atendida porque podríamos invertir el dinero del alquiler en fisios o cualquier cosa que fuese necesitando".
Al principio, la trabajadora pagaba religiosamente. El problema llegó cuando al fallecer su madre, en septiembre de 2021, sus herederos le comunicaron que, una vez se acabase el contrato, su intención era vender el piso. "Le dijimos que lógicamente ella tenía prioridad en caso de quererlo y nos dijo que iba a hablar con el banco, pero, en lugar de ir, dejó de pagar y así llevamos más de un año y medio", lamenta Paqui. Desde entonces, los hijos no solo no han visto ni un solo euro del alquiler, sino que han tenido que hacer frente a todos los gastos de suministros. "Los recibos de la luz, el agua y el gas estaban domiciliados en la cuenta de mi madre y ella luego se los pagaba, pero el mismo mes en que falleció dejó de pagarlos".
Al principio, intentaron llegar a un acuerdo con ella. Sin embargo, la cuidadora aseguró que no tenía nada que hablar con ellos, así que no les quedó más remedio que interponer una denuncia. Desde entonces, han pasado 10 meses sin que la Justicia haya fijado si quiera una fecha de juicio. La huelga de letrados y la que viene de jueces y fiscales alargarán previsiblemente su caso y el de tantas otras víctimas de la okupación.
Una auténtica pesadilla
"De verdad que esto no se lo deseo a nadie. Vivo en un estado de ansiedad permanente y ya he perdido 8 kilos", dice Paqui, que pide a políticos y ciudadanos que empaticen con todas las víctimas que, como ella, tienen que mantener con su dinero a los okupas. "No podemos ser el escudo del Gobierno. Ni siquiera si fuesen vulnerables, porque si lo son, son ellos los que tienen que buscar soluciones para esta gente y no a costa del que está trabajando y del que sí está cumpliendo con la ley", denuncia.
Precisamente por eso, a quienes califican la okupación como un "bulo" mientras tienen dos o tres viviendas, Paqui les envía un mensaje muy claro: "Que conviertan sus casas en alquiler social". Acampada frente al que fuera su domicilio familiar, ahora solo espera que esta acampada protesta sirva para concienciar a todos: "Yo lo he visto por la tele y nunca había pensado que me podía tocar a mí, pero mira dónde estoy. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera".