El Instituto de Estudios Económicos calienta la campaña electoral del próximo 28 de mayo con un interesante informe dedicado al estudio de la competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas. Tras repasar sus hallazgos, el centro de estudios asociado a la CEOE advierte de que los impuestos "son un factor determinante en el desempeño económico de las ciudades y las regiones" y subraya que las urbes y territorios con mejor resultado tienen también un mayor bienestar social y económico.
La teoría del estudio gira en torno al concepto de la presión fiscal normativa, que analiza los tipos impositivos y exenciones aplicables a cada gravamen, con independencia de la recaudación obtenida, de modo que se pretende priorizar un análisis basado en el diseño del sistema tributario. Obtienen mejor nota las Administraciones con tasas bajas y sencillas y reciben una peor calificación las que aplican cargas altas y complejas.
En la práctica, podría decirse que el estudio permite componer una suerte de ‘Liga del Contribuyente’ en la que se plasman de forma clara los resultados de las distintas Administraciones analizadas. En clave local, el IEE estudió un total de 141 municipios, todos ellos de más de 50.000 habitantes. Estas corporaciones suman a la mitad de la población nacional. En cabeza de la tabla figuran Boadilla del Monte, Majadahonda, Arrecife y Las Rozas. También salen bien parados los ayuntamientos de Mijas, Sagunto, Dos Hermanas, Alcobendas, Orense y Getafe.
Por el contrario, las peores notas son para Reus, Gerona y Sanlúcar de Barrameda. Otros municipios con mal resultado son Lérida, Tarragona, Gandía, La Línea de la Concepción, Elda, Alcoy y Granollers. Si en el anterior párrafo encontrábamos a las corporaciones locales con mejor nota y, por tanto, una menor presión fiscal normativa, en estas líneas se cita a los ayuntamientos donde los tributos son más altos y están peor diseñados.
En esta particular ‘Liga del Contribuyente’, resulta de especial interés periodístico el análisis de los gobiernos locales en ciudades de más de medio millón de habitantes. Este punto de vista destaca para bien el desempeño de Madrid, Zaragoza y Málaga, tres capitales de provincia gobernadas por el PP. En cambio, Barcelona, Valencia y Sevilla tienen una mayor presión fiscal normativa que la media nacional, siendo tres territorios controlados políticamente por la izquierda. Una lectura relevante de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo.
El estudio también analiza el alcance de la presión fiscal municipal en Madrid y Barcelona en relación con otras capitales europeas como Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Londres o París. El estudio concluye que las dos corporaciones españolas incluidas en el análisis presentan una fiscalidad local media en relación con lo observado en las demás capitales estudiadas. Un cierto consuelo que nos recuerda el peligro de dar por bueno que la "armonización" con Europa es siempre y en todo caso algo positivo.
Los resultados de las CCAA
Además, en relación con la competitividad fiscal de las comunidades autónomas, el IEE delega dicho cálculo en el Colegio General de Economistas, cuya evaluación destaca el modelo de Madrid, que logra 76,2 puntos y se sitúa, por tanto, casi un 25% por debajo de la presión fiscal normativa media observada en nuestro país. También obtienen un buen resultado las provincias vascas o las Islas Canarias. En cambio, los peores resultados son los de Cataluña (+24% de presión fiscal normativa en relación a la media), Comunidad Valenciana (+16%), Aragón (+15%), Asturias (+15%) y Extremadura (+10%).
Asimismo, el estudio encuentra que un mejor desempeño en este informe dedicado a cuestiones fiscales guarda correlación con una mejor nota en los índices europeos de competitividad regional. Así, el PIB per cápita es mayor donde los impuestos son más bajos y están mejor diseñados. Una nueva prueba del vínculo tan positivo entre libertad económica y bienestar. Por otro lado, el estudio encuentra que las regiones con mejor resultado tienen también mejores datos de productividad, I+D, salud o creación de empleo cualificado.