El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erigido adalid del sector inmobiliario a las puertas de las elecciones. Con la nueva Ley de Vivienda, que el Congreso ha aprobado esta semana gracias a los votos de la izquierda, el Ejecutivo de PSOE y Podemos va a llevar a cabo una de las mayores intervenciones de la vivienda de la historia de nuestro país.
El texto contempla la limitación de los precios de los alquileres, asestando un duro golpe a la libertad de mercado, plantea un sablazo en el IBI a las consideradas como "viviendas vacías" y favorece la okupación, entre otros asuntos que tienen como objetivo poner coto a la propiedad privada.
"La vivienda libre será más cara"
Además, la norma también modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que obliga a "destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa".
Es decir, la normativa actual ya obliga a las promotoras a realizar esta reserva para vivienda protegida dependiendo de si el suelo donde se va a ejecutar la obra es rural o ya está urbanizado. En el caso del suelo rural, lo que ha hecho el Gobierno es elevar del 30 al 40% el porcentaje de reserva a vivienda pública de "la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización". En el caso del suelo ya urbanizado, "que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización", la imposición pasa del 10 al 20%.
Para el director general de Asprima, Daniel Cuervo, esta imposición no hace más que "cargar sobre la vivienda libre, que será más cara, la subvención de la vivienda pública". Asprima es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Cuervo considera que la nueva normativa "no deja claro qué va a pasar con las obras que ya están en ejecución y con la reparcelación aprobada, donde los propietarios de esos terrenos ya están asumiendo una carga económica para canalizar las calles o hacer llegas los suministros de luz y gas. Si cambian las reglas de juego, podrán exigir una compensación económica a la Administración" avisa. Además, medidas como esta "podrían desincentivar a las empresas a llevar a cabo los proyectos si no hay una expectativa clara de rentabilidad".
El fiasco de la VPO en Barcelona
En este sentido, la consultora inmobiliaria Laborde Marcet ha recordado los riesgos de aumentar el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias y ha señalado el caso de Barcelona como ejemplo de "mala gestión" al haber provocado la paralización de la actividad de las promotoras inmobiliarias.
En su obsesión para aumentar el número de viviendas de alquiler social, el Ayuntamiento de Barcelona decidió en 2018 obligar a las nuevas promociones inmobiliarias, así como a rehabilitaciones de más de 600m², a reservar el 30% de las viviendas al régimen de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Colau también incluyó las rehabilitaciones integrales de inmuebles y los cambios de uso de edificios, por lo que fue mucho más allá que la Ley de Vivienda actual. El resultado fue que esta imposición sólo ha generado 11 licencias con reserva de obra, es decir, 52 viviendas con protección oficial desde que se aprobó, tal y como refleja un informe de Fomento del Trabajo y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) presentado a finales de 2022.
"La reserva del 30% de VPO en suelo urbano en Barcelona está dando muy poco resultados y está paralizando la construcción de nuevas viviendas, así como también la rehabilitación de la parte del parque que ha quedado antigua. Además, preocupa la extensión de esta norma a otros municipios (Vallès, Terrassa, Ripollet, etc.), donde las consecuencias de una paralización de la actividad promotora constructora tendrán unos efectos aún peores sobre el parque de viviendas y sobre la generación de riqueza y empleo de estos municipios" reza el informe. "La inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda continúa agravándose y paraliza la construcción de vivienda en Cataluña. Las políticas intervencionistas de las administraciones en el mercado de alquiler han generado un efecto contraproducente sobre la oferta de vivienda en Cataluña, que se intenta extenderse al conjunto del Estado" añade.
Al mismo tiempo, el informe denunciaba la "poca agilidad de las administraciones en la generación de nuevo suelo edificable, la concesión de licencias de obra y otros permisos, como otro problema que afecta a la construcción de viviendas en Cataluña, ralentizando de manera significativa la construcción de nuevas promociones —ya sean libres, asequibles o sociales—, con periodos que van de los 12 a los 18 o 24 meses de retraso, dependiendo del municipio".