Empecemos por lo básico. Incentivos, una de esas palabras que a los economistas no se nos caen de la boca (como escasez, información, orden espontáneo...). Y su traducción en políticas públicas:
- Si le pones un impuesto al tabaco, se consumirá menos. Y, del que se consuma, habrá una parte de la demanda que se moverá a las opciones más baratas (liar) o ilegales (contrabando)
Creo que he debido utilizar el ejemplo anterior como 200 veces. Pero es llamativo que algo tan sencillo se vea tan claro en el tabaco y no en el mercado laboral. ¿Impuestos al trabajo? Bien, puedes ponerlos y defenderlos con buenos argumentos con los que yo no estoy de acuerdo pero que son razonables (desde que se necesita la recaudación a la redistribución), pero no puedes obviar las consecuencias: habrá menos trabajo, de menor calidad y con más peso del empleo en B.
- Si subvencionas los coches eléctricos, tendrás más por la calle. Para eso lo haces, para impulsar su consumo y hacer que las alternativas sean más costosas en comparación
Otro ejemplo clásico. Y, de nuevo, esto no quiere decir que haya que acabar con cualquier subvención ni ayuda. Pero sí quiere decir que lo normal es que acabes teniendo más de aquello que has subsidiado. Eso también deberías tenerlo en cuenta.
En las últimas semanas, los dos temas más debatidos en política económica han sido:
- La reforma de las pensiones: protege a los pensionistas actuales y, a cambio, sube los costes de la contratación; los ajustes automáticos para el futuro se centran en el lado de las cotizaciones
- La nueva Ley de Vivienda: desarrollará un índice que será inferior al IPC para actualizar las rentas, incrementa la protección a todos los inquilinos en zonas tensionadas (reforzada si su casero es un gran tenedor) y plantea procesos más largos para los desahucios
La descripción anterior no es una crítica. De hecho, intuyo que los promotores de ambas normas firmarían los dos párrafos. Son una descripción objetiva de lo aprobado. A mí me parece, en los dos casos, que es una barbaridad, pero ahora mismo ni siquiera entro en ese debate. Esto es lo que hay.
¿Y qué es "esto"? Pues en términos de esos incentivos de los que hablaba antes:
- El trabajo estará más penalizado, sobre todo el de alta cualificación
- Los inversores tendrán más complicado obtener una rentabilidad a sus activos
- Ser propietario será menos rentable. Y el ahorro en inmobiliario, menos interesante
- Además, esto llega después de que los impuestos en España hayan subido en los últimos años: a la renta, al consumo, al ahorro, al Patrimonio
- La apuesta es que aquellos que viven de rentas y subsidios públicos estén más protegidos (otra cosa es que se logre). Los que no hacen nada (por incapacidad o por voluntad propia) tendrán más posibilidades y más ingresos
- Tener una vivienda por debajo del precio de mercado será más sencillo, sobre todo si uno demuestra que no tiene ingresos (el caso extremo es la okupación, que también estará más protegida)
Nada de esto es exclusivo de esta legislatura. Tampoco es una crítica que invalide cada medida. Ahí entraríamos en la segunda parte del debate. Es una exposición, lo más simplificada posible, de lo obvio: esto es lo que en España se penaliza y esto otro lo que se premia o incentiva. Y hablamos de una tendencia de décadas en la que, en las líneas generales, están bastante de acuerdo todos los partidos. Por ejemplo, la respuesta de la oposición a la Ley de Vivienda del Gobierno se ha dirigido más al detalle (las casas de la Sareb no existen) que al fondo (todos los partidos compiten por prometer vivienda social a los jóvenes, ninguno por incentivar la oferta con facilidades a los constructores).
También por eso en ocasiones nos movemos con el criterio de que el tuerto madrileño es el rey de los ciegos. Si volvemos a la vivienda, que es el tema de la semana, lo que me cuentan arquitectos y promotores es que poner nuevos inmuebles a la venta en Madrid es un infierno burocrático. ¿Menos infierno que en Barcelona o Bilbao? Seguro. Pero de nuevo volvemos al mismo principio: el planteamiento general no cambia (al empresario le miramos con sospecha y cada nuevo negocio se trata no como una oportunidad, sino como una amenaza) y lo que ajustamos es el nivel de la sospecha.
Dicho esto, volvemos a los incentivos. Si en España subimos el coste fiscal o regulatorio del trabajo, la inversión y el ahorro: lo normal es que tengamos menos de las tres cosas. De hecho, si lo miramos desde esta perspectiva, podríamos pensar que llevamos veinte años así y hemos logrado todos y cada uno de nuestros objetivos: una sociedad más subsidiada, menos innovadora y en la que el peso de la iniciativa privada es menor. En eso podríamos decir que sí somos un modelo de éxito y que lo normal es que sigamos siéndolo.