Mientras el Gobierno sigue presumiendo de su polémica Ley de Vivienda, propietarios de toda España siguen denunciando la delicada situación en la que se encuentran por culpa de dos partidos, PSOE y Podemos, que sigue dando alas a los okupas. "Años de trabajo y sacrificio pagando impuestos para que otros lo disfruten", denuncia Susi.
A punto de cumplir 65 años, esta valenciana se ha plantado este martes frente al Ayuntamiento de Alfafar disfrazada de presa, para simbolizar la condena a la que le han abocado tanto su inquiokupa como las distintas administraciones que consienten esta situación. "Lleva 27 meses sin pagar y me debe más de 13.000 euros", denuncia indignada.
En 2020, con el fin de completar su pensión de viudedad de 627 euros, Susi decidió alquilar la que hasta entonces había sido su primera vivienda a una pareja de mediana edad cuyos ingresos ascendían a 2.200 euros. El primer año no hubo problema, pero en febrero de 2021 los inquilinos dejaron de pagar. Él -que era el que asumía casi todos los gastos- se marchó, y ella rápidamente solicitó un informe de vulnerabilidad para que no la echaran. Se lo concedieron porque, además, la mujer alegó tener una minusvalía: "A mí en su día me dijo que dormía con oxígeno, pero vamos, que no solicita ayuda asistencial: hace vida normal, conduce y, de hecho, mi casa es un tercero sin ascensor y sube perfectamente, así que, si estuviera tan mal, la primera interesada en irse sería ella", advierte.
La verdadera víctima
Según le han comunicado los Servicios Sociales, hace unos días llamaron a su inquiokupa para ofrecerle una alternativa habitacional. Sin embargo, no coge el teléfono. "Se lo he dicho y dice que es mentira y yo de verdad que no puedo más. Esto me está afectando a mi salud física y psicológica, y estoy teniendo que tomar ansiolíticos", lamenta Susi, que, además, se encuentra en una delicada situación económica: "Alquilé este piso precisamente para completar mi pensión de 627 euros y hace unos meses falleció mi padre, que es el que me ayudaba económicamente, así que yo también he solicitado una declaración de vulnerabilidad".
A todo ello se suma el interés de esta propietaria en volver a vivir en la casa en cuestión. "Mi hija pequeña está embarazada y me gustaría volver allí para estar cerca y poder ayudarla", explica en conversación con Libre Mercado. Precisamente por eso, Susi no ha dudado en iniciar esta protesta que se repetirá cada día hasta que la okupa se vaya o el Ayuntamiento haga algo para solucionar su caso.
"Servicios Sociales, ayudadme, mi casa está secuestrada", reza una de las pancartas con las que se ha instalado frente a las puertas del consistorio. "Yo también soy vulnerable", se puede leer en otra. Al Gobierno también le envía un mensaje muy claro: "Los pequeños propietarios no somos una ONG, ¿dónde están nuestros derechos?".
La inquiokupación que el Gobierno esconde
Sus lamentos coinciden con los de miles de víctimas de la okupación que se revuelven cada vez que la izquierda política y mediática trata de minimizar esta lacra aferrándose a unas estadísticas que no tienen en cuenta el nuevo fenómeno del que son víctimas y que, al considerarse un incumplimiento de contrato, no va por la vía penal sino civil.
Tal y como lleva años denunciando la Plataforma de Afectados por la Ocupación, de un tiempo a esta parte, la modalidad de patada en la puerta ha ido dejando paso a la llamada inquiokupación: inquilinos que dejan de pagar y se convierten de facto en okupas, pero sin ser considerados como tal por la legislación. Según alega esta organización, la aprobación del llamado decreto antidesahucios de Pedro Sánchez en pandemia alentó a muchos inquilinos a dejar de pagar, sabiéndose protegidos por una norma que impedía echarles a la calle si eran vulnerables. Hoy, a pesar de que nadie parece acordarse ya del coronavirus, el mencionado decreto sigue en vigor. Cuando decaiga, no obstante, los okupas seguirán protegidos gracias a la nueva Ley de Vivienda.