La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el programa electoral del Partido Popular con el que concurre a la reelección incluye un compromiso con la generalización del "silencio positivo" como fórmula para desbloquear la tramitación de papeles, expedientes y documentos que dependan de respuesta por parte de la Administración autonómica.
La idea no es otra que obligar a la propia Comunidad de Madrid a resolver los procesos administrativos dentro de los plazos establecidos por la legislación y, en caso de que no se cumplan los tiempos regulados, las empresas o ciudadanos afectados vean resuelto el expediente de manera favorable y de forma automática.
"La Administración no solo puede ponerle deberes a las empresas y a las personas, también se tiene que poner deberes a sí misma. Esto normalmente no sucede y, para solucionarlo, vamos a exponer en nuestro programa de gobierno un compromiso claro con el cumplimiento de los plazos que se le piden a los ciudadanos, para que se pueda dar por sentado el silencio positivo siempre que no haya una respuesta dentro de los plazos estipulados", señaló Ayuso en un acto de precampaña celebrado en la localidad de Torrejón de Ardoz.
Para Ayuso, "no es de recibo que tantas familias y autónomos, que tantos ciudadanos, vean cómo los trámites administrativos tardan meses e incluso años en ejecutarse". Según la lideresa popular, "esto también es un abuso, un exceso de autoridad tan grave como la adopción de impuestos excesivamente altos, tanto que llegan a ser confiscatorios".
En este sentido, defendió que "sí, claro que hay que pagar impuestos, claro que tiene que haber ciertos procedimientos administrativos, pero la burocracia tiene que ser ágil y tiene que facilitar la vida a los demás". En este sentido, avanzó un cambio de paradigma que se aplicará de 2023 a 2027, en caso de que su candidatura salga victoriosa tras la cita con las urnas.
Durante la legislatura que ahora llega a su fin, el gobierno de Ayuso revisó, derogó o corrigió más de 200 normas, siguiendo las sugerencias ciudadanas tramitadas por la Línea Abierta contra la Hiperregulación. Asimismo, la Comunidad de Madrid aprobó varias leyes de carácter desregulatorio, entre ellas la Ley Ómnibus, la Ley de Mercado Abierto o la reforma de la Ley del Suelo.
De cara a la próxima legislatura, el PP madrileño también anuncia que su continuación en el poder llevará aparejada la aprobación de normas con "fecha de caducidad" (sunset clause), una medida que eliminará la acumulación regulatoria y obligará a revisar la legislación aplicable de forma periódica. Otro cambio de calado será la generalización de las declaraciones responsables en sectores como el de la hostelería.