"El exceso de regulación es un problema de múltiples consecuencias, pues afecta tanto a la economía, como a la seguridad jurídica de los administrados, como a la propia administración; aumenta innecesariamente los costes de la primera, reduce la segunda y complica innecesariamente a la tercera". Así de tajante se muestra Isabel Díaz Ayuso en el documento de presentación del Informe Anual de Simplificación Normativa, un documento que recopila las medidas tomadas por su gobierno para reducir las cargas y procesos burocráticos que afectan a la operativa cotidiana del sector privado.
"Sabemos que, entre 1995 y 2020, las distintas administraciones públicas españolas produjeron más de 205.000 normas. La pandemia fue terrible desde el punto de vista humano, pero también desde el prisma de la libertad, con un incremento excepcional de la producción normativa del Gobierno central, las comunidades y las dos ciudades autónomas; sólo los primeros veinte meses nos trajeron más de 4.000 normas en más de dos millones de páginas", lamenta Ayuso.
Según la lideresa autonómica, "el gobierno de la Comunidad de Madrid es absolutamente consciente del problema. Así, una de las medidas que hemos puesto en marcha en 2022 ha sido la Ley de Mercado Abierto, un compromiso electoral que permite a cualquier empresario, de cualquier tamaño y de cualquier rincón de España, llevar a cabo su actividad económica en nuestra región sin más papeleos, sin más trámites, sin más licencias. Además, la Línea Abierta contra la Hiperregulación, que cumple ahora dos años, es un canal de comunicación directo y vivo con los ciudadanos y con las empresas, que busca, y logra, reducir al máximo la normativa autonómica que bloquea la actividad económica. Por otro lado, el trabajo conjunto con la Comisión de Simplificación Normativa ha permitido identificar y aligerar más de doscientas iniciativas, de distinto rango, que aquí presentamos. Los efectos de estas iniciativas se han dejado sentir en la economía madrileña. De hecho, la región se ha convertido en motor económico nacional e internacional".
Mejoras introducidas
¿En qué se han traducido estos esfuerzos? Desde mayo de 2020, Madrid ha aprobado un total de 205 reformas de mejora regulatoria, simplificación administrativa y derogación normativa. El 21% se concentran en el área de Medio Ambiente y Vivienda, otro 17% se dan en Sanidad y el 15% son referidas al campo de Economía y Empleo. De estas 205 mejoras, el 55% se adoptaron entre 2020 y 2021 y el 45%, de 2022 a 2023. Un 75% de los cambios ya están plenamente implementados, mientras que el 25% restante está en proceso de aplicación.
Uno de los cambios más notables fue la modificación de la Ley del Suelo y la aprobación de ciertos pasajes de la Ley Ómnibus, cambios que favorecerán el desarrollo de vivienda ampliando los fines de uso del suelo, fomentando la gestión privada de la tramitación de licencias, flexibilizando las actuaciones en suelo rústico, suprimiendo los informes medioambientales redundantes, etc. Asimismo, se han alterado los trámites que complicaban la contratación de médicos y enfermeros extranjeros y se han simplificado los requisitos para registrar parejas de hecho.
En el caso de las farmacias, se han aprobado cambios que amplían la flexibilidad horaria y permiten generalizar la apertura 24 horas, así como la eliminación de 2.000 metros de separación entre establecimientos para determinados municipios y supuestos. La autorización de estos establecimientos también será más sencilla. Otro ámbito en el que se han dado cambios de calado es el de la hostelería. La nueva normativa aplicable a los hoteles extiende la aplicación de la declaración responsable, liberaliza la duración y los horarios de las estancias, recorta los criterios referidos a mobiliario o equipamiento, etc.