Los funcionarios acaban de desenterrar el hacha de guerra. Ya no reclaman sin más la subida de su sueldo para compensar la inflación o el incremento de efectivos. El principal sindicato de la función pública acaba de desempolvar la más potente de las reclamaciones: la recuperación de "30.000 millones de euros de la paga extra de los empleados públicos desde 2010", que, según señala el sindicato, "retiene el Gobierno". La batalla está decidida.
CSIF ha decidido llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para que los empleados públicos recuperen las pagas extras íntegras y no pagadas en los últimos trece años. "Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 18 por ciento desde 2010", señala Miguel Borra, el presidente de CSIF. Y los funcionarios avisan: "Vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas", un conflicto en el que incluyen a Justicia, Sanidad, Educación, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo o Inspección de Trabajo, entre otras áreas. "Si el Gobierno y las comunidades autónomas no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos", habrá ese conflicto, señalan desde CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) para que todos los trabajadores de las administraciones públicas recuperen la "estructura salarial previa a los recortes de 2010". En concreto, la ILP pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptaron las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Lo cierto es que aún está vigente "el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces…); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros…) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos…). Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta 5 meses", calcula CSIF.
"En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18% del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación", apunta el sindicato.
Recaudar, sí; pagar, no
CSIF se ha dirigido al Gobierno en reiteradas ocasiones, en los diferentes foros de negociación, para intentar recuperar esa "estructura salarial previa a los recortes de 2010". Pero lo cierto es que nunca ha sido aceptada su petición. "Entendemos que los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord (tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14%) se podría afrontar este gasto", explica CSIF.
"En todo caso, esperamos que la mesa del Congreso de los Diputados esté a la altura de las circunstancias y autorice el trámite de recogida de firmas (se requieren 500.000 firmas para que las Cortes puedan debatir esta propuesta), teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos durante estos años y la importancia de su trabajo en la reciente pandemia", concluyen. Y es que ahora, CSIF ya no lo pide en silencio. Lo exige bajo advertencia de un conflicto generalizado en toda la Administración si Sánchez no se presta a pagar esos 30.000 millones de euros.