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Podemos convierte su plan de ayudas a la vivienda en un nuevo impuesto a las hipotecas en plena subida de tipos

El Fondo de Responsabilidad Social estaría dotado con un 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones.

El Fondo de Responsabilidad Social estaría dotado con un 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene en un acto de campaña a 14 de mayo de 2023. | Europa Press

El partido de Ione Belarra e Irene Montero se ha puesto a pensar sobre la vivienda y, tras impulsar con el PSOE una ley que aniquila la seguridad jurídica y la rentabilidad de los pisos en alquiler, ha decidido lanzar una norma que crea de facto un nuevo impuesto a los créditos hipotecarios. El plan fue presentado hace una semana e incluye una subida al doble del recién presentado impuesto a la banca. Y, lo cierto es que esa escalada fiscal sobre el negocio de los bancos –desde un 4,8% hasta un tipo del 9,6%– está justificado por la creación de un Fondo de Responsabilidad Social. Los bancos, obviamente, no se comerán esa pérdida de ingresos y trasladarán a todos los productos el nuevo coste. O, lo que es lo mismo, Podemos acaba de descubrir el mecanismo de disparar aún más el coste de las hipotecas, supuestamente, para ayudar a los compradores de vivienda.

Podemos pretende cerrar el círculo: tras bombardear el parque de viviendas en alquiler, ahora se les ha ocurrido encarecer aún más la compra de pisos en propiedad por medio de un impuesto a los bancos que, obviamente, trasladarán al coste de las hipotecas.

Fondo de Responsabilidad Social

La proposición de ley ha sido ya presentada por Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común. Y allí se recoge la creación de un Fondo de Responsabilidad Social "cuyo objetivo sea apoyar a los hogares vulnerables que no se estén viendo protegidos por el Código de Buenas Prácticas". ¿Y quién pagará ese fondo? La proposición de ley de Podemos contesta a la pregunta: "El Fondo de Responsabilidad Social estaría dotado con una cantidad equivalente al 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones derivados de la actividad, lo que es equivalente a la mitad de la recaudación del gravamen". Traducido: el fondo se paga con las comisiones y margen de intereses de las entidades financieras que, entre otros productos, los obtienen de las propias hipotecas. Con lo que que los bancos no tardarán en elevar el margen o diferencial para pagar el incremento del impuesto con cargo a los propios costes de los créditos hipotecarios. Y, tras encarecer los créditos para la compra de vivienda con su idea, Podemos asegura que "este fondo se utilizará prioritariamente para establecer ayudas que permitan a dichas familias vulnerables reducir a la mitad la subida de la cuota mensual de la hipoteca calculada como la diferencia entre la cuota correspondiente a la última revisión y la cuantía que ésta tuviera en febrero de 2022".

Podemos aspira a que ese pago salga del banco, cosa que sólo se podría hacer interviniendo por completo la actividad bancaria y obligando a que los costes de los créditos estuviesen totalmente fijados por el Gobierno. Pero, incluso en ese caso, el coste iría a otros servicios bancarios de los consumidores, con lo que lo seguirían pagando los usuarios. Y, como evidentemente no pueden controlar todo, porque supondría la voladura del sistema de competencia bancaria en toda la UE, pues los pagos de los bancos a ese fondo, saldrán del aumento de costes a todos los clientes, incluidos los consumidores de créditos hipotecarios antes de llegar a estar en una situación de vulnerabilidad.

Podemos amplia su radio de acción, además: "Se propone asimismo implementar las mismas ayudas para locales comerciales u oficinas afectos a la actividad económica, siempre y cuando éstos sean propiedad de pymes o autónomos que no tengan más de tres inmuebles de este tipo y que hayan presentado pérdidas en el último año así como mantengan deudas con acreedores según los parámetros especificados en esta ley".

Ayuda para deudores vulnerables

El colectivo ayudado, según Podemos, sería el de "deudores en situación de vulnerabilidad" con el objetivo de "hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria cuya finalidad fuera la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen personas empresarias o profesionales, cuya cuantía será equivalente al cincuenta por ciento del aumento experimentado en la cuota hipotecaria a pagar en relación con la cuota que se pagaba a fecha de 24 de febrero de 2022". Y "se abonará con carácter mensual durante un periodo de un año pudiendo solicitarse prórroga durante un año más, en el caso de que se mantenga la situación de vulnerabilidad".

Los deudores con créditos hipotecarios destinados a la compra de la vivienda habitual deberán cumplir con una serie de criterios de "vulnerabilidad económica para ser elegibles a los efectos de esta ayuda directa". Principalmente, que la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior a 3,5 veces el IPREM para la unidad familiar, con carácter general". "Este límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,35 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental". También ser se incrementará "en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar".

También es requisito obligatorio que "la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 30 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar".

El Fondo contará también con un desembolso público pero todo él quedará bajo mando del Gobierno: "El FRS estará adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que lo gestionará, y le será de aplicación el régimen presupuestario, económico financiero y contable, y de control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los fondos carentes de personalidad jurídica". Y "el Fondo tendrá una dotación inicial de mil millones de euros y se incrementará anualmente con las dotaciones que para cada año y con carácter acumulativo se consignen para el mismo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como con los recursos procedentes de los rendimientos que puedan generar las cantidades aportadas al mismo. El Fondo podrá reinvertir los rendimientos que puedan generar las cantidades aportadas al mismo".

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