El Gobierno ha confirmado su marcha atrás respecto a la presa de Valdecaballeros, el último vestigio de la central nuclear que se proyectó levantar en los 80 y que nunca llegó a terminarse por la moratoria de Felipe González.
La presa levantada sobre el río Guadalupejo para refrigerar los circuitos de la central no llegó a cerrarse pero sí embalsaba una cantidad de agua suficiente para abastecer a los cercanos pueblos de Valdecaballeros y Castilblanco. La renuncia de las propietarias, Ibedrola y Endesa, a la concesión, abrió un proceso que concluyó con la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de derribar la presa, de acuerdo con los grupos ecologistas defensores de eliminar "obstáculos" de los cauces fluviales pero con toda la región en contra.
Tras las cada vez más encendidas protestas del socialista Guillermo Fernández Vara, que anunció un recurso y prometió que la presa no se tiraría, hace unos días Teresa Ribera admitió que estaba sobre la mesa una marcha atrás. Este viernes, a pocas horas de las elecciones autonómicas y municipales, Vara podrá apuntarse la victoria sobre el Gobierno central: el Ministerio de Transición ha informado a la Junta de Extremadura de que accederá a sus peticiones y cederá los derechos de concesión de aprovechamiento de aguas al gobierno autonómico
La medida "impedirá el derribo" de la presa por orden del Ministerio, que hasta hace pocos días consideraba inviable económica y ambientalmente mantener la infraestructura y exigía a las eléctricas que abonaran la demolición.
Según el Gobierno extremeño, con esta decisión se "garantiza" el mantenimiento de la presa y el abastecimiento de Valdecaballeros y Castilblanco, cuyos ayuntamientos presentaron alegaciones en su día contra el ministerio de Ribera por verse obligados a abastecerse de un pantano próximo, el de García Solá, y por el impacto ambiental en torno a una infraestructura que lleva cuarenta años en pie.