El repentino cese de la actividad parlamentaria propiciado por la convocatoria adelantada de elecciones generales tendrá el efecto de frenar distintas leyes y regulaciones que estaban siendo tramitados en el Congreso y el Senado. Uno de los anteproyectos que se verán afectados por la nueva cita con las urnas es el que aspira a lograr la aprobación de una Ley Orgánica de Representación Paritaria.
La conocida como ‘Ley de Cuotas’, con la que se pretende imponer una representación femenina de al menos un 40% en las altas esferas del sector público y también del ámbito privado, fue remitida al Congreso tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero quedará en el "limbo" legislativo a raíz de la convocatoria electoral anunciada por Pedro Sánchez. Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido de los defectos de esta norma, que sin embargo seguía adelante su tramitación con el entusiasmo de PSOE y Podemos.
También ha quedado en el dique seco el Proyecto de Ley de Función Pública, diseñado por María Jesús Montero. Esta iniciativa ha sido criticada porque abriría la puerta a la modificación de distintos grupos de funcionarios según el criterio del Ejecutivo y no mediante los exámenes y evaluaciones de rigor. En la práctica, el Ejecutivo tendría la capacidad de ascender "a dedo" a determinados miembros del funcionariado.
Otro de los planes de Montero que van a quedar en el aire es la tramitación de una nueva subida en el Impuesto de Sociedades, esta vez con ánimo de regular un tipo mínimo del 15% a aquellas empresas con una facturación de más de 750 millones de euros que operen con filiales en países con una fiscalidad corporativa más baja que la de nuestro país. Un nuevo aumento tributario que se suma a los más de 50 que ha puesto en marcha Sánchez.
La Ley de Atención al Cliente también quedará en suspenso. Diseñada por el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, el punto más criticado de la norma fue la decisión del gobierno de excluir a la Administración Pública mientras impone todo tipo de exigencias de mejora al sector privado, como por ejemplo la obligación de que las empresas brinden atención al cliente "durante todo el periodo que comercialicen sus productos". En la práctica, puesto que la mayoría de los negocios cuentan con páginas web que venden bienes o servicios las 24 horas del día y los 7 días de la semana, el coste derivado de esta cláusula sería muy abultado y podría forzar a muchas empresas a restringir su canal venta online y "apagar" su web a determinadas horas o días.
Otro de los procesos regulatorios que se verán interrumpidos es el de la Ley de Demandas Colectivas. También en este caso, el CGPJ ha criticado el diseño de la norma, que despoja a los consumidores de su derecho a reclamar de forma individual y fomenta un posible conflicto de intereses por la forma en que regula la participación en los procesos de entidades ajenas que opten a recibir un porcentaje de las posibles indemnizaciones.
En total, son cerca de 60 las leyes y normas del bloque de gobierno que se ven paralizadas por el súbito anuncio de la convocatoria electoral prevista para el 23 de julio. Un respiro en el proceso regulatorio que, no obstante, puede quedarse solamente en un paréntesis si la cita con las urnas se salda de forma favorable para los intereses de PSOE y Podemos.
Por otro lado, el avance del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo hará que numerosas cláusulas incluidas en la nueva Ley de Vivienda se conviertan en papel mojado. Es el caso de la intervención del precio del alquiler, que ya no será aplicada en Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón Cantabria, La Rioja o Extremadura, cuyos anteriores gobiernos de izquierdas sí se habían mostrado predispuestos a desarrollar estos controles.