Mientras el Gobierno sigue sin prestar atención a la okupación, los casos siguen extendiéndose por nuestro país al calor de un decreto antidesahucios aprobado en pandemia y que, aún hoy, continúa vigente, causando estragos a propietarios de toda España. El de Beatriz tan solo es el último en salir a la luz, pero la lista es interminable. "Inquiocupas destroza vidas, sois un mal para la sociedad", reza la pancarta con la que este martes se ha plantado en el chalet de su madre, una magnífica vivienda unifamiliar con piscina situada en Villaviciosa de Odón, que una familia con un alto nivel de vida okupa desde hace meses.
A sus 95 años, la mujer tuvo que ser internada en una residencia con un grado máximo de dependencia y su familia se vio en la obligación de poner en alquiler el inmueble para poder hacer frente a todos los gastos. Lo curioso de todo este asunto es el perfil de los okupas: una pareja de empresarios que lleva a su hijo mayor a una de las mejores universidades privadas de Madrid y a su hija pequeña a un colegio, también privado, no apto para todos los bolsillos.
De momento, los inquiokupas llevan seis meses sin pagar ni un solo euro, pero lo que realmente teme Beatriz es cuánto tardará en desalojarles y, si para entonces, ella y su familia no estarán completamente arruinados. Por lo pronto, afronta serias dificultades económicas, amén de otros problemas de salud derivados de todo este asunto que la obligan a medicarse. "Tienes una impotencia tremenda. Tu casa está okupada, no sabes cómo la puedes recuperar, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Y este es un caso claro de gente que tiene mucha cara, gente que no son verdaderamente vulnerables -advierte indignada en declaraciones a Libre Mercado- Pero es que, aunque lo fueran, yo no soy una oenegé. Son los Servicios Sociales los que tienen que aplicarse el cuento, no los particulares, que necesitamos el dinero".
El origen de los problemas
Su historia se remonta a septiembre de 2021. Por aquel entonces, Beatriz decidió, muy a su pesar, poner en alquiler el chalet que su madre tenía en Villaviciosa de Odón para poder pagar su residencia. "Tiene 95 años y un grado de dependencia máxima tres, así que nos vimos obligados a tomar esta decisión, pero con la pensión era imposible pagarla", lamenta. Con el fin de reducir riesgos, decidieron recurrir a una inmobiliaria, que fue la encargada de buscar a los inquilinos teóricamente perfectos: una pareja de empresarios que se había trasladado a esta zona de Madrid para llevar a su hijo mayor a la Universidad Europea, uno de los centros privados de referencia en la capital, que se sitúa precisamente en el municipio donde la madre de Beatriz tiene su casa.
El primer año, pagaron religiosamente. En octubre de 2022, empezaron los problemas y, desde enero de este año, ya no pagan ni un céntimo. Al principio, la excusa era que se negaban a arreglarles una avería. "Y era mentira, porque mandé a dos empresas para que lo valoraran y no les dejaron entrar, y lo tengo por escrito", aclara Beatriz. Después, la versión cambió por completo: "Cuando se les puso la demanda, apelaron a que no tenían dinero".
Falsos vulnerables
A partir de ahí, el mismo modus operandi que cientos de okupas de toda España. "Se van a declarar vulnerables, han pedido justicia gratuita y, a mi juicio, claramente no lo son, si tenemos en cuenta dónde estudian sus hijos: uno en una universidad privada de Madrid, la Universidad Europea, y su hija en un colegio privado que es claramente prohibitivo para el resto de los ciudadanos", advierte la hija de la propietaria, que asegura, además, que sus hoy inquiokupas tienen dos coches y hacen uso de una autocaravana matriculada el verano pasado que cuesta cerca de 70.000 euros. "Lo que pasa es que, claro, al ser autónomos, les puede resultar muy fácil burlar los ingresos", denuncia. No en vano, gran parte de los servicios los cobran en efectivo.
En estos momentos, la deuda acumulada asciende ya a más de 12.000 euros: "Y para nosotros es un problema muy grave, porque tenemos que pagar la residencia de mi madre y no sabemos cómo vamos a hacerle frente". Desesperada, esta madrileña se ha plantado este martes frente al chalet, pancarta en mano, para tratar de visibilizar su caso, ya que sabe perfectamente a lo que se arriesga: hasta dos años para conseguir un desahucio. En mayo les ofreció incluso perdonarles todo lo que les debían si abandonaban la casa inmediatamente. "Con tal de que se fueran lo antes posible de mi vida, ya me las apañaría yo como fuera, pero nada, ni siquiera han contestado", lamenta Beatriz, que espera que en unos días se celebre la primera vista en los juzgados.
SOS a la clase política
Mientras tanto, la rabia y la impotencia empiezan a pasarle factura a todos los niveles: "Ellos están viviendo gratuitamente en nuestra casa y a nosotros nos están produciendo un agravio y unas dificultades económicas tremendas, amén de los problemas psicológicos, morales y de salud que estamos teniendo. De hecho, necesitamos medicación". Desgraciadamente, su caso no es el único. Por eso, Beatriz ha decidido unirse a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, desde la que reclaman una Ley antiokupas de manera urgente.
Su mensaje cobra aún más significado a las puertas de unas elecciones generales, en las que las víctimas de esta lacra esperan que los principales partidos políticos tomen posiciones de una vez por todas: "Es evidente que las actuales leyes no protegen a los propietarios, más bien al contrario. Y es necesario un cambio urgente de la normativa ya, porque somos muchas las personas y las familias que estamos pasando por verdaderas situaciones trágicas".