La fuerza de los sindicatos españoles continúa en declive. Muestra de ello son las decrecientes tasas de afiliación que las principales organizaciones sindicales llevan registrando en las últimas décadas. Y, con ello, sus fuentes de ingresos son cada vez más limitadas: los afiliados contribuyen cada vez menos, dependiendo cada vez más del sustento público.
Este mismo sustento financiero del Estado limita cada vez más el grado de diversidad ideológica de los entes sindicales, que vienen situándose de manera más y más acusada como altavoces de la agenda izquierdista y cada vez menos como genuinos defensores del trabajador. El PSOE, consciente de ello, no quiere perder el favor de los sindicatos, y por ello el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha regado con subvenciones récord tras la pandemia.
Pues bien, la dependencia de los sindicatos del dinero público se ha hecho más palpable que nunca tras la decisión adoptada en 2022 por la Junta de Castilla y León (PP-Vox), por la que se reducían en 20,3 millones las subvenciones otorgadas a las organizaciones patronales y sindicales. Y es que Comisiones Obreras (CCOO) está preparando en la comunidad castellano-leonesa un ERE que afectará a un mínimo de nueve trabajadores, aunque podría extenderse hasta el medio centenar.
El despido colectivo, adelantado por el Diario de Castilla y León, se ejecutará en "fechas próximas", y se suma a las 58 personas de la organización que ya se encuentran bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), así como a las otras 58 que también se encuentran en ERTE en UGT.
"En principio resultarán afectadas las personas que trabajan en programas (salud laboral, igualdad, CITE, medio ambiente) más nueve de estructura", reza un documento interno de CCOO en Castilla y León, que indica que "el sindicato pretende finalizar el despido colectivo antes del 31 de agosto de 2023".
Pese a que el sindicato no ha hecho públicos los motivos de su decisión, todo apunta a que responde al recorte de presupuesto con motivo de la reducción de subvenciones de la Junta. De hecho, en los ERTE acometidos durante el mes de mayo, CCOO apuntó directamente a esta causa, alegando que "las consecuencias de las medidas de la Junta de Castilla y León también ha propiciado la supresión de varios servicios". Entonces, el sindicato izquierdista llegó a asegurar que la decisión era consecuencia de la "ilegalidad de las políticas que aplica Vox".