Los agricultores y pescadores están en pie de guerra con el último delirio de la UE: la ley de Restauración de la Naturaleza. La norma obligará a los estados miembros a restaurar todos los ecosistemas dañados de aquí al año 2050 e implicaría la pérdida de numerosas tierras de cultivo y de caladeros. Además, la UE pretende que el coste de aplicar todas estas medidas salga de los propios fondos de la PAC, con lo que las ayudas que perciben los ya castigados agricultores se verían drásticamente reducidas. Y eso sin contar con el coste de aplicar las reformas, algo que Europa ya admite que supondrá una pérdida de ingresos para agricultores y pescadores.
La polémica norma fue rechazada por las comisiones de Agricultura y Pesca de la Eurocámara el pasado 24 de mayo. A pesar de las súplicas por parte del mundo rural para que la propuesta se retire y se negocie desde el principio con los sectores afectados, este jueves 15 de junio la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo tomará una decisión final sobre el expediente. En función de lo que se decida, se procederá a su votación en el pleno a mediados de julio.
En la exposición de la norma, la autoridades europeas explican que "durante cinco años, los Estados miembros podrán recurrir a la PAC para sufragar los costes de los nuevos requisitos para los agricultores. Así se podrá compensar cualquier coste adicional y se impedirá la subida de los precios de los alimentos".
Sin embargo, desde Asaja critican que "la Comisión Europea espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".
Además de obligar a los agricultores y pescadores a pagar de su propio bolsillo las políticas de la polémica estrategia ‘Del campo a la mesa’, la UE pone fecha de caducidad a las ayudas: cinco años en los que tanto agricultores como pescadores tendrán que reconfigurar por completo su producción y sus costes.
España recibirá 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027 para la PAC. Este año, el importe total asciende a 4.875 millones de euros a repartir entre 650.000 agricultores que pueden presentar su solicitud para recibir las ayudas, según las cifras del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hay que tener en cuenta que el Congreso ha aprobado recientemente un aumento de los fondos y ayudas para los agricultores con el objetivo de paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción. Es decir, que la PAC no es suficiente.
Pérdida de ingresos
La ley de Restauración de la Naturaleza sólo incluye cifras sobre el beneficio potencial de restaurar los ecosistemas: "Se calcula que los beneficios económicos de la restauración de turberas, marismas, bosques, brezales y matorrales, pastizales, ríos, lagos, hábitats marinos y aluviales y humedales costeros son ocho veces mayores que los costes".
Sin embargo, no hay ninguna cifra con respecto a los costes para agricultores y pescadores. En la evaluación de impacto únicamente se afirma que algunos de los principales costes "pueden deberse a la pérdida de ingresos, como la que afecta a los agricultores, los propietarios forestales o los pescadores, en la fase de transición hacia prácticas más sostenibles; estos costes podrían cubrirse total o parcialmente con cargo a la financiación de la UE y otras fuentes de financiación".
Es decir, que la UE reconoce abiertamente que la medida supondrá una pérdida de ingresos para el sector primario, pero deja a los estados la papeleta de subvencionar las explotaciones deficitarias hasta que, en los próximos cinco años, finalmente acaben cerrando debido a que, tal y como está redactada la norma, resulta inviable explotar la tierra sin tocar el ecosistema.
Pérdida de la soberanía alimentaria
Según denuncia Asaja, estamos ante "una legislación mal pensada, poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos de los agricultores y pescadores en la UE". Y posiblemente ese sea una de las peores consecuencias de las que alertan: la pérdida de la soberanía alimentaria de Europa para pasar a depender de terceros países, en muchos casos no tan cuidadosos con la conservación de los hábitats como exige Bruselas a los agricultores, ganaderos y pescadores europeos.
La cuestión es que la nueva ley cubre todos los ecosistemas, no solo las zonas protegidas por la Directiva sobre hábitats y la Red Natura 2000, que ya suponen casi el 40% del total de la superficie de España, según alertan desde Asaja. Esto, aseguran, implicaría la pérdida de tierras de cultivo y caladeros, además de hacer inviable la gestión del suelo.
Sin embargo, desde la Comisión Europea se mantiene, sin cifras que lo respalden, la teoría de que "la restauración no excluye la actividad económica" porque "la restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".
Entre los principales objetivos planteados por la ley de Restauración de la Naturaleza para los ecosistemas agrícolas están: reducir en un 50% la utilización de los plaguicidas químicos de aquí a 2030; la eliminación de embalses y barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030; y, en general, favorecer el aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas.