Yolanda Díaz da lecciones a todos los empresarios de trato a sus empleados. Pero lo cierto es que sus propios empleados han decidido pasar a la acción por lo que consideran que es un trato denigrante por parte de la ministra y líder de su nueva aventura política, Sumar. Los funcionarios se han cansado de sus falsas promesas y han bloqueado las inspecciones laborales en materia de jornadas, normas de igualdad y salarios.
La Inspección de Trabajo ha paralizado su actividad supervisora en varias campañas activadas en esta legislatura. Entre ellas, la de exigencias de igualdad entre hombres y mujeres, control de tiempo de trabajo, de registro de jornada, de condiciones salariales o de riesgos asociados a la actividad agraria. Y la medida se ha adoptado en protesta por "la escasez de plantilla y de recursos técnicos y materiales, que se traducen en un aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección".
La decisión la ha tomado CSIF, el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y el resto de organizaciones sindicales presentes en la Inspección de Trabajo. Y piensa mantener este paro "hasta que el Plan Estratégico de Inspección, aprobado a finales de 2021, sea cumplido en su segundo eje: refuerzo de la estructura de la Inspección". Traducido: más funcionarios.
"Además, las organizaciones sindicales mantienen la convocatoria de paro indefinido en la Inspección de Trabajo a partir del 26 de junio, en la que será la primera huelga de este tipo en la historia de este organismo. Este paro será la culminación al calendario de movilizaciones, concentraciones y paros parciales que la Inspección mantiene desde hace meses", señalan desde CSIF.
En la actualidad hay 2.200 trabajadores en inspección activa y otros 800 de personal de apoyo. "Es decir, que la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de unas 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas", señala el sindicato.
El órdago está lanzado. Y le puede explotar a Yolanda Díaz en plena campaña electoral. La protesta por la situación de la Inspección laboral no es nueva. Los funcionarios de la Inspección de Trabajo llevan tiempo sacando a relucir la hipócrita actitud de Sánchez y su Gobierno. Concretamente, los encargados de vigilar que se cumplan la legislación laboral en nuestro país llevan denunciando desde hace tiempo y ante la UE a su propio empleador –el Ministerio de Trabajo, el de Yolanda Díaz– por incumplir los compromisos adquiridos en materia laboral.
Las organizaciones sindicales creen que la situación que vive la Inspección y el incumplimiento de los compromisos adquiridos demuestra la "nula voluntad política" por parte del Gobierno para dar solución a las deficiencias de la Inspección de Trabajo. Así, los inspectores argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años y piden dar cumplimiento a lo acordado expresamente para incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.
Y todo ello coincide con la teórica cruzada de Yolanda Díaz contra la contratación temporal, que ha provocado una campaña de inspección con cartas como las que ha publicado Libertad Digital, en las que se elimina explícitamente la presunción de inocencia y se abren procesos de control a las empresas por el mero hecho de contratar con una empresa de trabajo temporal (ETT). Toda una campaña de coacción en la que se califica de "fraude de ley" la utilización "recurrente de la contratación a través de ETT", porque las misivas dan por hecho que se trata de contratos "para la cobertura de necesidades estructurales de la empresa usuaria".
Lo cierto es que las trampas estadísticas introducidas en los indicadores de paro han saltado a la luz y ya no esconden que la reforma de Yolanda Díaz ha pinchado por todas partes. Ella lanza a la Inspección, pero eso no oculta la realidad: que más de medio millón de fijos discontinuos engordan la lista de supuestos empleados estables e incluso teóricamente indefinidos y otro medio millón camuflado adelgaza por su lado el dato del paro registrado en el SEPE.
Por ello, la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha saltado a la calle con la orden de acabar por la vía de los hechos con los contratos temporales y de convertir los contratos fijos discontinuos –trabajadores que mantienen el contrato pero que sólo trabajan y cotizan unos meses del año, no todo el ejercicio– en fijos indefinidos. La Inspección presiona a las empresas para forzar ese cambio, unos cambios que convertirían en realidad las promesas fallidas de Yolanda Díaz. Y haría cotizar mucho más a las empresas. El problema es que dispararían aún más los costes de las empresas perjudicando aún más su capacidad de competir y crear empleo.