La campaña de Yolanda Díaz contra la contratación temporal ha tenido una primera parte: la reforma legal, un desastre que ha conseguido que sólo dos de cada diez nuevos contratos sean fijos a tiempo completo (el resto permanece camuflado bajo la fórmula del fijo discontinuo y con una duración media de los contratos laborales de 45 días).
Pero el plan de la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno ha tenido una segunda parte, menos visible pero, cuando menos, igualmente dañina: una campaña de inspección con cartas como la que hoy publica Libertad Digital en las que se elimina explícitamente la presunción de inocencia y se abren procesos de control a las empresas por el mero hecho de contratar con una empresa de trabajo temporal (ETT). Toda una campaña de coacción en la que se califica de "fraude de ley" la utilización "recurrente de la contratación a través de ETT", porque las misivas dan por hecho que se trata de contratos "para la cobertura de necesidades estructurales de la empresa usuaria".
Las cartas de Yolanda Díaz
"El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) ha puesto en marcha un Plan de Choque contra el fraude en la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT)", señalan las cartas. "En el ejercicio de sus competencias, este organismo realiza una labor orientada a determinar la realidad del perfil de las relaciones laborales con el fin de prevenir el uso Incorrecto de la contratación por parte de las empresas". Traducido: la Inspección no tiene indicios ni pruebas de nada ilegal, pero inicia las labores de control pasando por encima de la presunción de inocencia.
La carta prosigue: "La utilización recurrente de la contratación a través de ETT para la cobertura de necesidades estructurales de la empresa usuaria constituye un fraude de ley, independientemente de que dicha contratación se formalice con contratos temporales, fijos discontinuos o fijos ordinarios". Y "en este sentido, el OEITSS ha detectado potenciales irregularidades en el uso de contratos de puesta a disposición por parte de algunas empresas que han hecho uso de los servicios que ofrecen las ETT". Potenciales. Ni prácticas indiciarias, ni pruebas, ni contratos concretos. "Potenciales irregularidades". Y con eso es suficiente para iniciar la inspección de la empresa.
"De acuerdo con lo anterior, se ha llevado a cabo a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude un análisis individualizado de la evolución diaria del número de trabajadores en alta a través de ETT […] en los últimos 24 meses". Y, como "se ha observado que de forma sistemática y durante al menos el 87% de los días del periodo (porcentaje equivalente a 10,5 meses en un año), el número de trabajadores contratados a través de ETT no ha bajado de un determinado nivel", pues se lanza a la Inspección y, a partir de ahí, a pasar días y días de trabajo justificando una inocencia frente a una presunción de culpabilidad.
La Inspección de Yolanda Díaz, además, se arroga un supuesto conocimiento gestor de la empresa: "A partir de dicho análisis, se ha determinado que el nivel de empleo potencialmente estructural contratado a través de ETT es de 1 puesto/s de trabajo. Estos puestos deberían ser cubiertos con contratos indefinidos ordinarios en lugar de con contratos de puesta a disposición".
Y el departamento de Yolanda Díaz hasta da consejos de consultora: "Con el fin de cubrir esos puestos de trabajo estables con contratos indefinidos ordinarios se le propone a continuación una relación de personas en alta a través de ETT que se corresponde con quienes acumulan un mayor número de días en su empresa en los últimos cuatro años, excluidas aquellas personas que en la actualidad tienen un contrato de puesta a disposición de carácter interino o formativo".
Y acto seguido, eso sí, se desliza la advertencia: "Se informa a la empresa de que de no consolidar el número de puestos de trabajo potencialmente estructurales indicado, mediante la transformación de contratos de puesta a disposición en indefinidos ordinarios propios, podrá ser objeto de la correspondiente actuación Inspectora por la respectiva Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social". Pero, entonces, ¿qué es la carta? ¿No corresponde a una inspección formal? Y, si no es una inspección formal, ¿qué es? ¿Una coacción política? La misiva responde tácitamente a deslizar una amenaza que encaja con los mensajes de Yolanda Díaz: "Tenga en cuenta que cuando se contrata personal a través de una ETT sin respetar los términos establecidos en el art. 43.1 del Estatuto de los Trabajadores, se produce una cesión ilegal de mano de obra, falta muy grave según lo dispuesto en el art. 8.2c) TRLISOS, tal y como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social n°, 4495/2021, de fecha 02.12.2021".
Lo cierto es que las trampas estadísticas introducidas en los indicadores de paro han saltado a la luz y ya no esconden que la reforma de Yolanda Díaz ha pinchado por todas partes. Más de medio millón de fijos discontinuos engordan la lista de supuestos empleados estables e incluso teóricamente indefinidos y otro medio millón camuflado adelgaza por su lado el dato del paro registrado en el SEPE.
Por ello, la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha saltado a la calle con la orden de acabar por la vía de los hechos con los contratos temporales y de convertir los contratos fijos discontinuos –trabajadores que mantienen el contrato pero que sólo trabajan y cotizan unos meses del año, no todo el ejercicio– en fijos indefinidos. La Inspección presiona a las empresas para forzar ese cambio, unos cambios que convertirían en realidad las promesas fallidas de Yolanda Díaz. Y haría cotizar mucho más a las empresas. El problema es que dispararían aún más los costes de las empresas perjudicando aún más su capacidad de competir y crear empleo.