El sistema chileno de pensiones, basado en cuentas de ahorro individual, sigue esparciendo su influencia por el mundo. Son decenas de países los que han seguido el modelo diseñado por José Piñera, con ejemplos tan variados como Suecia, donde se adoptó de forma parcial para salvar de la quiebra a la Seguridad Social, o Australia, donde el grueso de las jubilaciones se canalizan de esta forma.
Holanda es el último país que se sube al carro del esquema de capitalización. La reforma fue aprobada en enero y, tras la celebración de elecciones generales, entró en vigor el pasado 1 de julio. La introducción del sistema chileno en suelo neerlandés contempla un periodo de transición de cinco años, de modo que su plena aplicación llegará en 2028.
Hasta ahora, el modelo en vigor se apoyaba de forma significativa en distintos elementos de ahorro privado, puesto que parte importante de la financiación de la jubilación de los trabajadores holandeses se financiaba con cargo a planes de pensiones nutridos de aportaciones periódicas por parte de las empresas. Sin embargo, el sistema ha dado un paso hacia el modelo de capitalización con el giro al esquema de las cuentas individuales de ahorro para la vejez.
Se estima que el modelo que acaba de ser derogado tenía un alcance del 80% de la fuerza laboral. Bajo el nuevo sistema, la totalidad de los trabajadores podrán acumular fondos en sus cuentas individuales y elegir distintos perfiles de riesgo para beneficiarse de la rentabilidad que pueden generar sus ahorros, invertidos durante toda la vida laboral.
Las ventajas de la capitalización
No hay que olvidar que, frente al modelo de reparto vigente en España, que simplemente toma las cotizaciones de los trabajadores y las transfiere a los jubilados, un modelo de capitalización permite ahorrar tales aportaciones mes a mes, durante un periodo de cuatro décadas, de manera individualizada.
Esta forma de vertebrar el ahorro privado tiene ventajas como (1) la rebaja de la "cuña fiscal" del empleo, con el consecuente aumento del salario neto de los trabajadores, (2) la plena sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, con independencia de la evolución demográfica, o (3) el aumento de la inversión, con su consecuente efecto sobre el crecimiento y el empleo.