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El brindis al sol de Sumar: universidad gratis, banco público o contratos de alquiler indefinidos

El programa de Díaz quiere meter mano al mercado inmobiliario, desmembrar a las eléctricas, vetar la energía nuclear y pagar un cheque por cada hijo.

El programa de Díaz quiere meter mano al mercado inmobiliario, desmembrar a las eléctricas, vetar la energía nuclear y pagar un cheque por cada hijo.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, este miércoles 6 de julio. | Europa Press

Sumar, el nuevo partido muleta de Sánchez en sustitución de Unidas Podemos, presentó ayer jueves su programa electoral, coincidiendo con la víspera del comienzo oficial de la campaña de cara a los comicios del próximo 23 de julio.

El documento programático de la alianza izquierdista liderada por Yolanda Díaz ha puesto los asuntos económicos en un primer plano. Pero no con el objetivo de aliviar el infierno burocrático y fiscal a los ciudadanos o empresas, de fomentar la inversión o de flexibilizar el mercado laboral con mayor paro del mundo desarrollado. Más bien, todo lo contrario: el programa económico de Sumar se resume en: más impuestos, más regulación, más gasto y más control.

Golpe a las empresas, al trabajo y al ahorro

El eje principal sobre el que gira el programa de Díaz es una reforma "en profundidad" del sistema fiscal español. Un plan fiscal cuyo objetivo esencial es elevar la recaudación a fin de poder costear el paquete de ayudas sociales y gasto público que los Sumar quieren acometer. Por ello, los términos relacionados con "impuestos", la "tributación" o el sistema impositivo se repiten alrededor de 90 veces en el programa.

De esta forma, el partido de ultraizquierda quiere, en primer lugar, atacar los beneficios empresariales, elevando el impuesto de Sociedades para que el tipo mínimo se sitúe obligatoriamente en un mínimo del 15%, sin importar las deducciones, exenciones o reducciones a las que las empresas tengan derecho, a la par que limitar estas mismas ventajas. Además, los de Díaz quieren reducir la posibilidad de las compañías para compensar beneficios con las pérdidas de años anteriores.

Y, al mismo tiempo, prometen que, mientras planean su reforma del impuesto de Sociedades, mantendrá el impuestazo extraordinario sobre las compañías energéticas y financieras. Algo que se añadiría a una eliminación de los supuestos "privilegios" fiscales de las Sicav o las Socimis.

Paralelamente, Sumar pretende elevar el número de tramos del IRPF a partir de los 120.000 euros. Y para ello planea nuevos tipos marginales que vayan creciendo en porcentaje hasta alcanzar el 52% para las rentas superiores a 300.000, aunque la cifra dependería del tipo regional de cada autonomía. Un auténtico golpe impositivo que bordea el principio constitucional de no confiscatoriedad.

Pero la subida impositiva no solo afectará a las rentas del trabajo, sino también a las del capital o el ahorro, cuya fiscalidad está en el punto de mira de Sumar. Este aumento afectaría a dichas rentas a partir de 120.000 euros, para llegar, al menos, hasta un tipo del 30% desde el actual tipo máximo del 27%, que solo se aplica a las rentas superiores a 200.000 –y que el Ejecutivo de Sánchez y Díaz ya subió–. La consigna detrás de esta subida de impuestos a las rentas del capital –como el cobro de dividendos o intereses– parte del argumento de que estas soportan menor tributación que las del trabajo. Sin embargo, este se trata de un antiguo y falaz razonamiento de la izquierda, que parece olvidar que la tributación a los bonistas o accionistas se suma a la que ya pagan las empresas en concepto de impuesto de sociedades – y que, como ya hemos visto, Sumar también prevé elevar–.

Grandes fortunas, herencias e impuestos "verdes"

Pero la persecución de Yolanda Díaz al personal cualificado e inversores de renta alta no acaba, ni mucho menos, con el golpe fiscal en Sociedades o el IRPF. La líder de Sumar parece estar deseando la marcha del talento y el capital del país, y para ello tiene preparado un golpe adicional que afecta, en este caso, al patrimonio –es decir, al dinero que los ciudadanos logren mantener tras al varapalo fiscal previo–. En concreto, se trata de la ya conocida imposición de un impuesto permanente sobre las grandes fortunas, que fijaría diversos tramos hasta llegar a los al menos el 4% para los patrimonios más elevados.

¿Y qué pasa si, tras todos los impuestos –incluyendo los pagados al lograr beneficios, los abonados al recibir las rentas y los liquidados anualmente sobre el patrimonio acumulado– el contribuyente decide donar dicho patrimonio o darlo en herencia tras su muerte? Pues, en ese caso, Yolanda Díaz también tiene un plan para que el fisco haga todavía más caja. En concreto, quiere prohibir que las Comunidades Autónomas puedan rebajar o bonificar a su antojo el impuesto sobre sucesiones y donaciones, fijando un tributo mínimo en el conjunto de España.

Aunque el ataque fiscal de Díaz todavía más de sí: como detalla Libre Mercado, los objetivos verdes del partido de Yolanda Díaz conllevarán nuevas tasas para castigar "comportamientos" inadecuados. Y todo con la excusa de convertir a España "en una de las grandes potencias verdes de Europa". Aunque quizás el verdadero objetivo pasa por convertirnos en una aún mayor potencia recaudadora de impuestos.

Así, Díaz fijará un nuevo impuesto a los "beneficios extraordinarios de la industria fósil", a los "bienes y servicios de lujo", como vehículos, aviones o yates, así como a los vuelos "frecuentes" (más de uno al año) o a los realizados en clase business. También quiere penalizar más la utilización de envases de plástico, gravar adicionalmente a las "grandes empresas contaminantes", a los alimentos procesados, a las bebidas azucaradas o a productos como las toallitas o bastoncillos para las orejas.

Gastos, subvenciones, ayudas

La masiva elevación recaudatoria que prepara Sumar servirán, esencialmente, para disparar el dinero manejado por el Estado en forma de gasto publico y ayudas. La más conocida es la famosa "herencia universal", una paga de 20.000 euros que el Gobierno daría a todos los jóvenes que cumplan 18 años y que supondría un gasto anual de unos 10.000 millones de euros.

Pero esto es solo el principio, porque el partido de ultraizquierda quiere tirar de chequera para poner en el mercado un total de dos millones de viviendas de alquiler social en los próximos 10 años, lo que supondría un gasto anual del 1% del PIB. Una medida que vendría acompañada de un bono hipotecario "de emergencia" de 1.000 euros por hogar para los hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual.

Por no hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque Sumar quiere subirlas cada año según el IPC, e incluso por encima de dicho nivel para las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Y para paliar, en parte, este gran aumento de gasto, Yolanda quiere implantar "nuevos mecanismos de financiación" y ampliar las bases de cotización. Es decir, nuevos impuestos adicionales para pagar las pensiones.

Asimismo, los de Díaz proponen dar una prestación "universal" de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años , así como ampliar y mejorar el nuevo permiso parental, recientemente aprobado, a diez semanas hasta los doce años

De igual forma, Sumar promete educación gratuita de 0 a 3 años, FP gratis, "ecocomedores escolares" gratis en los colegios públicos, además de tender a la gratuidad de la educación universitaria, comenzando por el primer curso. Además, quiere que un 0,25% del PIB se destine en forma de gasto público a un "fondo de sostenibilidad del transporte público", y un 0,25% adicional a la "inversión pública deportiva".

Contratos de alquiler indefinidos y banco público

La regulación también constituye un pilar esencial de la agenda intervencionista. No es de extrañar, por ello, que el programa mencione la palabra "regulación", "regular" o similares un total de 185 veces en sus 180 páginas.

Buena parte de las promesas regulatorias de Sumar se dirigen a la vivienda. Así, adicionalmente al despliegue de alquileres sociales o del cheque para hipotecados, los de Yolanda Díaz quieren aumentar la duración mínima de los contratos de arrendamiento, con la intención de que estos se conviertan en indefinidos por defecto, siempre y cuando no se den causas excepcionales que obliguen a la resolución del contrato.

Además, se quiere limitar el alquiler de apartamentos turísticos y crear "un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad". Normativa que incluiría de forma obligatoria la libre portabilidad de hipotecas de un banco a otro, vulnerando así las cláusulas que las entidades hubieran pactado con los clientes.

Además, se pretende crear un banco público que "contrarreste el oligopolio bancario" y se pueda rebajar así el coste de las hipotecas. Esta nueva entidad se crearía a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos.

El fin de las nucleares

Los cambios regulatorios también llegarán al sector energético, lo que incluirá la reforma del mercado marginalista, con el objetivo de eliminarlo a medio plazo, así como la creación de un "fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico" y la vuelta al control estatal de las infraestructuras hidroeléctricas una vez caduque su concesión.

Además, Sumar se compromete a "mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear". Eso sí, quieren que este cierre nuclear sea "seguro y socialmente justo".

Todo ello, sin dejar de meter mano a la estructura empresarial de las compañías energéticas, a las que Díaz quiere desmembrar. Para ello, pretende prohibirles su integración vertical, obligándolas a separar actividades de generación, distribución y comercialización para así combatir la supuesta existencia de "monopolios naturales".

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