Yolanda Díaz prosigue con su abanico de propuestas con las que dar contenido programático al partido Sumar, movimiento que la vicepresidenta está configurando como una suerte de ‘Podemos’ de color rosa, y cuya única diferencia con la versión morada parecen ser las palabras bonitas.
Pero las palabras bonitas y el tono dulce de Díaz no hacen más que esconder un trasfondo ideológico fundamentado en el populismo y el intervencionismo económico radical. Y es que, recordemos, el nuevo partido con el que gobernaría Sánchez de conseguir la izquierda una victoria agrupa, como principales referentes, a militantes del Partido Comunista, incluyendo a la propia Yolanda o el ministro de consumo, Alberto Garzón.
Durante el actual Ejecutivo, ya hemos visto de lo que son capaces ambos sujetos. Garzón ha sabido convertir una cartera vacía de competencias reales en un altavoz de propaganda contra determinados sectores, productos o empresas de la economía española, como la ganadería, las galletas, los juguetes, los refrescos, el turismo o las casas de apuestas.
Por su parte, Yolanda se ha sumado a las campañas de desprestigio, como la lanzada sobre Amancio Ortega e Inditex, sobrándole tiempo para meter mano a la regulación laboral. Así, por ejemplo, ha impuesto a las empresas un ineficaz y costoso sistema de control horario, pero, sobre todo, ha introducido modificaciones de dudosa eficacia en el mercado de trabajo reformado en su día por el PP, como cambiar los temporales por fijos discontinuos, sin solucionar el grave problema del paro y la dualidad laboral en España.
Pues bien, el nuevo partido Sumar, a las puertas de las elecciones del 23 de julio, solo pretende ahondar aun más en la equivocada gestión mostrada en los últimos 4 años. Las medidas anunciadas en las últimas semanas, como la reducción impuesta de la jornada laboral o la modificación de los horarios de los españoles son buena muestra de ello. Y la recién anunciada herencia universal para jóvenes no es una excepción.
Una ‘herencia’ cara, injusta y absurda
Según han explicado este lunes desde el partido de Yolanda Díaz, esta herencia consistiría en transferir 20.000 euros a todo ciudadano que cumpla los 18 años, cobrándose al cumplir los 23, y cuyo fin es "garantizar la igualdad de oportunidades".
La medida tendría un coste estimado de 10.000 millones de euros cada año, el equivalente al 0,8% del PIB y que se recaudarían, supuestamente, mediante un impuesto a las grandes fortunas. Además, a esto habría que sumar los recursos para nutrir la burocracia asociada a la subvención, ya que se ofrecería al beneficiario un "acompañamiento administrativo" para "desarrollar un proyecto con ese dinero", que serían de "inserción laboral", de "emprendimiento" o de "formación". De esta forma, el joven que reciba la subvención no podría, por ejemplo, ahorrar el importe para desarrollar un proyecto empresarial o personal en el futuro, para pagar la entrada de una hipoteca o para invertirlo y construir un colchón de cara a su jubilación.
Pero este no es ni mucho menos el único problema de la medida. Por un lado, hay que tener en cuenta que la progresista Yolanda Díaz no plantea la subvención de manera precisamente progresiva: la otorgará de manera indiscriminada a cualquier joven, independientemente de su renta o contexto socioeconómico. Quién sabe si para captar también el voto de los jóvenes progresistas de familias de medio y alto poder adquisitivo.
Además, la supuesta progresividad por el lado de la financiación es un auténtico sinsentido. Y es que la pretendida puesta en marcha de un impuesto a las grandes fortunas que sufrague la subvención necesitaría recaudar 10.000 millones de euros al año. ¿Y eso es mucho o poco? Pues, en esencia, equivaldría a multiplicar por 15 lo que se espera recaudar este año 2023 con el ya vigente "impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas" –635 millones, según la última estimación de la AIREF–. Una estimación que, por cierto, corrige de manera significativa la expectativa recaudatoria que tenía el Ejecutivo de Sánchez y Díaz, de entorno a 1.500 millones anuales, y que no hace más que refrendar la poca eficacia real que tienen este tipo de tributos sobre el patrimonio.
De esta forma, resulta totalmente inverosímil que la nueva medida estrella de Yolanda Díaz pueda financiarse con un impuesto a los ricos. Por no hablar de que, de intentarse, provocaría una masiva descapitalización de la economía española por la fuga de grandes inversores del país. Así, las únicas formas que tendría de la líder de Sumar de llevar a cabo su propuesta serían: 1) mediante un aumento sustancial del endeudamiento público, 2) elevando el resto de los impuestos, repercutiendo la medida también sobre las clases medias y bajas, 3) reduciendo el monto a pagar en la herencia universal o, 4) una mezcla de las tres alternativas anteriores.
Recalcar que cualquiera de las alternativas supondría, en la práctica, un engaño a los votantes de Sumar, a los que su líder ha prometido proporcionar una subvención a costa de la avaricia de los más ricos. Así, esta propuesta ejemplifica a la perfección la estrategia política de Yolanda Díaz: prometer medidas de corte extremo con escasas probabilidades de salir adelante y que, de intentar aplicarse, agravarían aún más la frágil situación de la economía española.