Supuestamente la Ley de Estabilización iba a acabar con la interinidad laboral masiva en la Administración Pública. Pero lo cierto es que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han llegado al final de su mandato con una temporalidad estancada entre los empleados públicos, con uno de los niveles más altos en el sector educativo: el 21% de los profesores están en lo que la izquierda califica de precariedad. Y ello tras haber prometido acabar con esa situación.
Los datos han sido aportados por el sindicato CSIF, que ha exigido ya un pacto de Estado por la Educación, Estatuto Docente y refuerzo de las plantillas públicas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado a los partidos políticos, con este objetivo, "un decálogo de actuaciones de cara a las elecciones generales para paliar los problemas que afectan al sistema educativo: la falta de inversión, las necesidades educativas de nuestros alumnos, el déficit en las plantillas o los problemas de convivencia en las aulas, entre otros", destacan desde el sindicato.
CSIF ha pedido "a los partidos políticos que tengan presente a la educación durante la campaña electoral y hagan propuestas que permitan afrontar los problemas reales que afectan a alumnos y profesorado, como el deterioro de las condiciones en el empleo y la interinidad".
La base de la denuncia de CSIF pasa por el hecho de que "las plazas de las oposiciones convocadas este año permitirán estabilizar a unas 66.000 personas", pero lo cierto es que, aún así, "la tasa de interinidad se estanca en el 21,53%, muy lejos del 8% que marca la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público". Y, de no cumplir esta disposición en diciembre de 2024, "España se enfrentará previsiblemente a sanciones por parte de las autoridades europeas". Porque esa norma partía de un componente de exigencia de la UE.
"Esta situación es una más de los graves problemas que afectan a la Educación en nuestro país. La inestabilidad legislativa y el malestar docente son también cuestiones importantes. En este sentido CSIF inició una recogida de firmas que ha contado con el apoyo de más de 11.550 docentes de toda España exigiendo la simplificación de la evaluación y la reducción de la burocracia", explica el sindicato.
Por todo ello, CSIF ha reclamado a todos los partidos, "un pacto educativo que aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema"; la "mejora de la inversión educativa, para que alcance el siete por ciento del PIB, en línea con la media europea"; la "mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes"; el "refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios"; la "apuesta por una educación pública de calidad con un plan de inversión en los colegios públicos y reparto equitativo del alumnado con necesidades"; y el "reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente".