Los impagos del Reino de España a los afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables han golpeado duramente a NextEra, una de las mayores compañías del mundo en el ámbito de la energía. La corporación, a la que nuestro país debe resarcir con una indemnización de más de 300 millones, está litigando en suelo norteamericano para registrar el laudo y exigir el embargo de bienes soberanos como medida de compensación.
De acuerdo con la información que ha publicado Vózpopuli y ha podido confirmar Libre Mercado, esta batalla legal ha subido de intensidad en los últimos días a raíz de la entrada en juego de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Dicha entidad se ha personado en el proceso de registro del laudo que se está desarrollando en los tribunales del país norteamericano, actuando en calidad de parte interesada.
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El derecho anglosajón contempla en su ordenamiento la figura del amicus curiae, un mecanismo procesal mediante el cual un tercero puede ofrecer su testimonio ante un tribunal con ánimo de ofrecer información y contexto para facilitar la resolución de la disputa. Eso es precisamente lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el caso NextEra.
La organización, que echó a andar en 1912, recuerda a la justicia estadounidense que el caso ya ha sido resuelto por parte del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Asimismo, señala que lo que está en juego es "mantener un clima favorable para la inversión" y "restaurar la confianza de los inversores" a base de una resolución "ordenada e imparcial" de la disputa.
Aunque la Abogacía del Estado ha intentado detener el registro del laudo alegando "inmunidad de Estado", la Cámara de Comercio señala que esta maniobra "busca evitar el cumplimiento de las obligaciones a las que España debe someterse en virtud de sus compromisos internacionales".
De hecho, el órgano que ejerce la representación institucional de más de tres millones de compañías norteamericanas considera que "si se permite que España eluda sus obligaciones, se estaría abriendo el camino a que otros gobiernos hagan lo propio y se nieguen a cumplir con la legalidad internacional".
En opinión de la Cámara de Comercio, "España atrajo inversión extranjera de manera significativa en base a una serie de condiciones regulatorias y normativas que luego fueron alteradas de forma retroactiva. El razonamiento ofrecido para justificar estas decisiones carece de cualquier lógica. Cualquier país podría tomar nota y dedicarse a ofrecer incentivos atractivos que luego podría retirar de forma improcedentes. Bajo este escenario, ninguna empresa estadounidense tendría garantías para invertir con confianza o entablar relaciones comerciales con España y otros países".
Para reforzar su comunicación formal a la justicia estadounidense, la Cámara de Comercio sostiene que "lo que está en juego es la integridad de los procesos internacionales de arbitraje e inversión y la garantía de que no se incumplen las obligaciones legales suscritas por los países".
Asimismo, la organización denuncia el "caos" que podría desatarse en caso de que se diesen por buenas las excusas ofrecidas por el gobierno de Sánchez, alertando de "consecuencias catastróficas para la inversión internacional", así como el socavamiento del sistema de arbitraje que regula y ordena tales flujos de capital.